Dicen qué pasará con estratos 4, 5 y 6 que lo perdieron todo en terremoto; muchos están en el limbo

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La devastadora tragedia no discrimina clases sociales y pone contra las cuerdas al Gobierno por el futuro de miles de patrimonios perdidos.

A diferencia de las inundaciones o avalanchas que históricamente golpean de manera focalizada a las comunidades más vulnerables asentadas en zonas de alto riesgo, los terremotos poseen una naturaleza implacablemente transversal. El devastador movimiento telúrico del pasado 10 de agosto no distinguió entre cartografías urbanas ni chequeras bancarias, dejando un rastro de destrucción que arrasó por igual con sectores marginados y con barrios residenciales de estratos 4, 5 y 6 en ciudades clave como Cali, Manizales y Pereira.

Con un balance oficial que ya supera las 163.000 viviendas averiadas, más de 31.000 destruidas y unos 302 edificios colapsados en cerca de 472 municipios, la tragedia ha puesto sobre la mesa un debate nacional espinoso: ¿cómo debe responder el Estado ante miles de familias de clase media y alta que perdieron el patrimonio de toda su vida, pero que no encajan en los criterios tradicionales de los subsidios gubernamentales?

Tradicionalmente, los programas de asistencia estatales —como los auxilios de arriendo y los subsidios de vivienda— han estado férreamente focalizados en la población de menores ingresos, vinculada a la informalidad y desprovista de redes de seguridad financiera como cesantías o seguros. Aunque la Casa de Nariño anunció alivios en servicios públicos y subsidios temporales, advirtió que la prioridad estará volcada en los estratos 1, 2, 3 y las viviendas de interés social (VIS), dejando un vacío crítico para los sectores de mayores ingresos. Expertos económicos consultados coinciden en que la emergencia exige replantear las lógicas institucionales. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que la atención de un desastre no puede manejarse bajo los mismos criterios de la política social ordinaria, por lo que resulta imperativo un censo detallado que permita dimensionar las pérdidas patrimoniales reales.

Por su parte, Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo especializado en asuntos sociales, advirtió sobre el grave peligro de evaluar a los damnificados a través del prisma de los estratos socioeconómicos —una herramienta diseñada originalmente para los subsidios cruzados de servicios públicos—. Según Núñez, un hogar de estrato 4 o 5 que pierde su casa o apartamento, y que frecuentemente continúa endeudado con una hipoteca activa, no enfrenta una dificultad transitoria, sino que corre el riesgo inminente de transitar de manera permanente hacia la pobreza si el Estado y el sector financiero no despliegan una red de contención adecuada.

En este frente, gremios como Camacol han recordado que los deudores hipotecarios cuentan con pólizas de seguros de vivienda que deben responder con agilidad ante pérdidas totales o parciales, sumándose a iniciativas de congelamiento de créditos y reducción de tasas impulsadas por la banca privada.

Mientras el Gobierno estructura un plan de acción dividido en tres fases que se extenderán hasta por cuatro años —pasando por la entrega de ayudas iniciales, mejoramientos y procesos de reconstrucción estructural—, los gremios de la construcción han propuesto una hoja de ruta de cinco acciones prioritarias. Esta incluye unificar la información de predios afectados, crear un régimen especial de atención, designar una gerencia con responsabilidades claras, organizar la reconstrucción por territorios y definir fuentes de financiación mixtas. La catástrofe deja en evidencia que la reconstrucción nacional no solo exigirá levantar paredes de concreto, sino blindar el patrimonio de todos los ciudadanos, sin importar el estrato, para evitar que la furia de la naturaleza arrastre a familias enteras a la ruina financiera definitiva.