Destapan prontuario de la joven asesinada durante caravana fúnebre de su amiga: tenía brazalete

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El crimen fue cuando la mujer acompañaba al féretro de Nathalia Alarcón, quien también fue asesinada unos días atrás. Ya hay hipótesis de lo sucedido.

Cindy Johanna Lizcano Ochoa, la mujer que murió tras recibir ocho disparos durante una caravana fúnebre en Cúcuta, estaba vinculada a un proceso judicial por hechos relacionados con la tenencia de un arma de fuego. Sin embargo, su abogado defensor aseguró que no tenía antecedentes penales y que todavía no había sido declarada culpable de los cargos que enfrentaba.

El asesinato ocurrió el miércoles en medio del recorrido de personas que acompañaban el féretro de Nathalia Alarcón. En el ataque también resultaron heridas otras dos personas. Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que las víctimas hubieran sido alcanzadas por balas perdidas, las autoridades ahora investigan una posible vendetta entre organizaciones criminales con presencia en Venezuela.

De acuerdo con información publicada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, Lizcano había sido procesada junto con el señalado cabecilla de una banda criminal. Su situación judicial incluía una medida de vigilancia electrónica, mientras avanzaba el juicio en su contra.

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El abogado Diego León, quien representaba a la joven, explicó que el proceso no había concluido y que su defendida conservaba la presunción de inocencia. “Tenía una vigilancia electrónica, pero no se había demostrado aún que fuera culpable de los cargos. Estábamos en etapa de juicio”, afirmó el penalista al medio citado.

El caso judicial se remonta al 14 de febrero de 2021, cuando ocurrieron unos hechos en el sector de El Hueco, en el barrio Siete de Belén. Según el escrito de acusación conocido por el medio mencionado, dos policías adelantaban labores de registro cuando Lizcano recibió de Javier Anynson Torrado Jaimes un arma de fuego calibre 32, junto con cinco cartuchos calibre 7,65 milímetros. Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares.

León agregó que estaba prevista una audiencia para solicitar el retiro del brazalete electrónico y permitir que Lizcano saliera de Cúcuta, debido a las amenazas que, según él, había recibido de grupos al margen de la ley. No obstante, aseguró que la Fiscalía no asistió a esa diligencia. Mientras tanto, las autoridades investigan el ataque que acabó con la vida de la joven y buscan establecer si su muerte y la de su amiga están relacionadas con disputas entre estructuras criminales.