Navidad bajo fuego en Catatumbo: familias desplazadas y madres claman por paz en medio de la guerra

El 22 de diciembre, la violencia volvió a golpear con fuerza a la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Según informó El Espectador, once familias, al menos treinta personas en total, se vieron forzadas a abandonar sus hogares en la vereda Mineiro, ubicada en zona rural del municipio de Tibú. La causa de este nuevo desplazamiento fue el recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los mismos actores que desataron la mayor crisis humanitaria experimentada en el país en los últimos veinte años, particularmente durante enero pasado.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, la situación pone en evidencia el alto nivel de riesgo al que están sometidas las comunidades del Catatumbo debido a la persistencia de las confrontaciones entre grupos armados ilegales. Aunque tanto el ELN como el Frente 33 anunciaron sendos ceses temporales de sus acciones ofensivas contra la Fuerza Pública –una decisión que, en teoría, debería aportar cierta disminución del peligro para militares y policías–, la realidad es que la población civil permanece a merced del fuego cruzado y de múltiples derivaciones de la violencia.

La Defensoría del Pueblo, a través de la voz de Marín, demandó que estos ceses de hostilidades incluyan también los enfrentamientos entre grupos ilegales y no solo con las fuerzas estatales. Así lo subrayó Marín en sus declaraciones públicas, enfatizando que mientras continúen los combates entre actores armados en el territorio no habrá alivio real para las comunidades. Además, recordó que, aunque el ELN había anunciado una tregua similar en diciembre de 2024, estas medidas no lograron evitar la escalada del conflicto y el daño sostenido inflicted sobre la población civil, como fue evidente a inicios de año.

En este difícil contexto, la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, una organización que desde enero pasado se ha destacado por su defensa del respeto y la vida, ha renovado su llamado urgente para poner fin a la guerra en la región. El testimonio de ochocientas cincuenta y una mujeres, expresado en los deseos de ocho de sus integrantes de distintos municipios y veredas del Catatumbo, refleja anhelos sencillos, pero poderosos: el regreso de la tranquilidad, el cese del reclutamiento de menores, el fin de las muertes y secuestros, así como la esperanza de poder vivir una Navidad en paz y unidad familiar.

Estos mensajes evidencian que, más allá de la maquinaria de guerra, lo que está en juego es la existencia cotidiana de cientos de familias campesinas. Los reclamos realizan un poderoso contraste entre la necesidad de medidas estructurales para la protección de la población civil y la dura realidad marcada por el miedo, la fragmentación y la nostalgia por la vida tranquila que se perdió.

¿Qué implicaciones tiene el reclutamiento de menores en el Catatumbo para la vida de las comunidades? El reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de grupos armados ilegales representa una de las más graves consecuencias del conflicto en el Catatumbo, según testimonios recogidos por El Espectador. Esta práctica no solo arrebata a los menores la posibilidad de crecer en un entorno seguro, sino que perpetúa el ciclo de violencia en la región, fracturando familias y sembrando miedo e incertidumbre en la comunidad. Además, la amenaza constante de que un hijo o hija pueda ser llevado a la guerra agrega una capa de angustia adicional al drama cotidiano de quienes permanecen en los territorios bajo disputa.

El contexto del Catatumbo muestra que la solución a la crisis humanitaria exige respuestas integrales y la priorización del bienestar de la población civil en eventuales acuerdos de cese al fuego. La lucha colectiva de entidades como la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz pone en evidencia la urgencia de escuchar las voces del territorio y de asumir compromisos concretos para proteger a las comunidades más vulnerables. ¿Serán suficientes los gestos de tregua temporal entre actores armados para garantizar un futuro diferente a las familias desplazadas?