Denuncia penal sacude a Petro por millonario contrato; clave en el caso de la Lista Clinton

El recurso ante la Comisión de Acusación cuestiona la defensa internacional del presidente luego de su inclusión en Lista Clinton.

El presidente Gustavo Petro fue denunciado penalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un contrato de 10.000 millones de pesos firmado por el Gobierno nacional para su defensa jurídica internacional, luego de su inclusión en la denominada Lista Clinton. La acción fue presentada por el activista político Josias Fiesco, quien pidió que se investigue al mandatario por el presunto delito de peculado por apropiación.

Fiesco solicitó “admitir la presente denuncia y, por lo tanto, iniciar la correspondiente investigación contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación consagrado en el artículo 397 del Código Penal”. El denunciante sostiene que se habrían utilizado recursos públicos para cubrir honorarios legales relacionados con asuntos de carácter personal del jefe de Estado, y no con el ejercicio de sus funciones.

(Vea también: Canciller Villavicencio sigue sin visa y su viaje a la reunión Petro-Trump peligra)

La denuncia detalla que el contrato fue suscrito entre la Presidencia de la República y la firma internacional Amadeus Consultancy Limited. El objeto del convenio consiste en “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”.

(Vea también: [Video] Paloma Valencia sudó frío en Duitama tras vergonzoso choque por Uribe y Petro: acabó escondida)

Otro punto que destaca es la polémica alrededor de la defensa legal del presidente. En su momento, Petro afirmó que el abogado estadounidense Daniel Kovalik asumiría su representación de manera gratuita en el caso relacionado con la Lista OFAC. Sin embargo, posteriormente se conoció que Kovalik trabaja para la firma que recibió el contrato millonario.

“El mismo Petro Urrego admitió haber utilizado recursos públicos para el pago de los mencionados abogados, que, según él, en un principio sería gratuito, pero terminó costando 10 mil millones de pesos”, se lee en el documento. Este hecho es uno de los ejes centrales de la denuncia presentada ante el Congreso.

De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si con la firma del contrato pudo existir un posible detrimento patrimonial. El organismo de control evalúa si la contratación cumplió con los principios de legalidad y adecuada destinación de recursos públicos.

Finalmente, la Comisión de Acusación deberá estudiar las pruebas allegadas, entre ellas la minuta del contrato con la firma británica, para definir si abre una investigación formal contra el presidente por este caso que ya desató una fuerte controversia política y jurídica.