Buscan frenar llegada de 4.200 ex-Farc a la UNP; demanda llegó al Consejo de Estado

La medida del Gobierno Nacional fue demandada ante el Consejo de Estado, con una solicitud de suspensión temporal mientras se toma una decisión de fondo.

Ante el Consejo de Estado (el mismo día que cayó el salario mínimo vital) fue presentada una demanda que busca tumbar una resolución del Gobierno Nacional que ordena la vinculación de cerca de 4.200 excombatientes de las Farc como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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La acción judicial cuestiona la legalidad de la medida y solicita que sus efectos sean suspendidos de manera provisional, mientras se toma una decisión de fondo.

La resolución hace parte de la política del Gobierno en materia de protección y reincorporación, pero ha causado una fuerte controversia en sectores políticos y de opinión.

Posibles intereses políticos en la UNP

La demanda fue interpuesta por Josias Fiesco, activista del Centro Democrático, quien considera que la decisión afectaría directamente a personas que llevan años trabajando dentro de la UNP.

De acuerdo con el demandante, la resolución abriría la puerta para reemplazar a escoltas con experiencia previa por exintegrantes de las Farc, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la seguridad y tendría un trasfondo político.

En declaraciones citadas por La FM, Fiesco aseguró que la medida seguiría un patrón de interés político y cuestionó que se equipare la trayectoria de miembros retirados de la Fuerza Pública con la de excombatientes.

Solicitan suspensión inmediata de la medida

Además de la demanda, el activista informó que pidió medidas cautelares para frenar la aplicación de las resoluciones 019 y 020 del 15 de enero de 2026, mientras el Consejo de Estado estudia el caso.

Según explicó, la solicitud busca evitar que la vinculación se materialice antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo, debido a las implicaciones que tendría para la estructura de la UNP y para quienes actualmente prestan el servicio de protección.

El proceso ahora queda en manos del alto tribunal, que deberá determinar si la resolución cumple con los requisitos legales o si, por el contrario, debe ser suspendida o anulada.