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El defensor del Pueblo, Carlos Negret, aseguró que casi de la mitad de las víctimas de las intimidaciones son mujeres, e instó a no ignorar los panfletos.
Al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres en Cali, Negret indicó que son 983 los líderes sociales que están bajo amenazas, por lo que es necesario “creer en lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar”.
Entre las cifras entregadas por la Defensoría en el evento se destaca que entre marzo de 2018 y mayo de 2019 unas 480 lideresas sociales o defensoras de derechos humanos fueron agredidas.
Según el organismo, estos hechos se dieron después de que se lanzara una alerta temprana, mecanismo por el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado.
Con estas alertas se busca advertir a las autoridades para que actuen oportunamente con el fin de proteger a las comunidades.
De los 480 casos contra las mujeres reportados en el periodo analizado, 447 fueron amenazas, a 20 asesinaron y 13 sufrieron atentados.
“Este es el nicho en el que debemos trabajar para implementar las alertas tempranas“, comentó el defensor al respecto.
La denuncia de Negret se conoció el mismo día en el que la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses del alcalde del municipio de Tierralta, Fabio Leonardo Otero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el control del orden público frente a un caso que derivó en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado el pasado 21 de junio.
Por su parte, un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla.
Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.
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