Gobierno de Abelardo de la Espriella emite decreto que regula la intervención de la Fuerza Pública en protestas en Colombia

El gobierno de Abelardo de la Espriella hizo público un decreto que regula la intervención de la Fuerza Pública en el contexto de las protestas, justo antes de la primera manifestación convocada por la oposición durante su mandato. La publicación de este decreto ha provocado diversas reacciones en el escenario político nacional, donde figuras y partidos emitieron posturas a favor y en contra, de acuerdo con sus perspectivas sobre los alcances y limitaciones del articulado, según lo informado por El Espectador.

El presidente De la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales afirmando: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!". Esta declaración deja ver la postura oficial, que asegura garantizar el derecho a la protesta, pero establece un margen claro frente a los desmanes.

Desde el Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, apoyó la normativa al considerarla "necesaria", mientras que su copartidario Daniel Briceño sostuvo que el decreto protege las manifestaciones pacíficas e interviene el vandalismo y los abusos. De acuerdo con Briceño, quienes protestan pacíficamente no deben tener temor ante el decreto, ya que su objetivo se basa en controlar actos violentos durante las protestas.

En contraste, diferentes voces de la oposición han expresado críticas argumentando que el decreto podría ser inconstitucional. La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) señaló que altera un derecho fundamental, el de la protesta, que solo puede regularse mediante ley estatutaria, en vez de un decreto ejecutivo. Laura Beltrán y Daniel Monroy (Pacto Histórico) comunicaron que interpondrán acciones legales para suspender los efectos del decreto, argumentando que ponderar el derecho a la protesta con los de trabajo y salud es arbitrario.

A su vez, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su rechazo, argumentando que los bloqueos en vías y otras formas de interrupción son expresiones legítimas de la protesta social, no actos de violencia, y que el decreto favorece métodos represivos al permitir la intervención policial sin agotar las etapas previas de diálogo. La CUT citó estándares internacionales de derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando la proporcionalidad de las nuevas medidas.

El decreto establece lineamientos específicos: permite a la Fuerza Pública individualizar manifestantes que incurran en violencia o vandalismo, obliga a la policía a mantener una distancia de cuatro metros durante las manifestaciones y prevé la actuación en casos de porte de armas o daños a la infraestructura. Según el decreto, estos procedimientos buscan proteger tanto a manifestantes pacíficos como a personas externas a las protestas, incluidas autoridades, personal médico y periodistas.

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¿Qué principales cambios introduce el decreto sobre la intervención de la Fuerza Pública en protestas?

El decreto firmado por el gobierno de Abelardo de la Espriella establece protocolos para que la Fuerza Pública individualice a quienes promuevan violencia o vandalismo, permite el acompañamiento policial a una distancia de cuatro metros y autoriza la intervención en casos de porte de armas, retención de personas o daños a bienes públicos y privados. De acuerdo con declaraciones de autoridades y la difusión del contenido por El Espectador, la normativa busca equilibrar la protección del derecho a la protesta con el control de posibles disturbios.

¿Por qué sectores políticos y sindicatos se oponen al decreto sobre las protestas?

Senadores y representantes de la oposición, así como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionan el decreto argumentando que modifica un derecho fundamental por medio de un acto ejecutivo y no mediante una ley estatutaria, lo que consideran inconstitucional. Además, según la CUT, las nuevas reglas permitirían acciones represivas y autoritarias por parte de la Fuerza Pública, ya que facilitan la disolución de manifestaciones sin agotar completamente el diálogo, postura compartida por organizaciones sociales y sindicales.