Decreto que prohíbe parrillero para domiciliarios en Bogotá deja vacíos e interrogantes

Nación
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Por:  Redacción Nación
Actualizado: 2021-03-20 13:16:46

La medida rige en la capital de la República desde este sábado 20 de marzo, pero su aplicación deja preguntas, pues aseguran que no ayuda a la seguridad.

El Decreto 082 del 19 de marzo, que sacó la Alcaldía para prohibir el parrillero de domiciliarios, ha causado varios cuestionamientos toda vez que el documento habla de una corresponsabilidad entre las plataformas tecnológicas, los aliados (o restaurantes) que las usan para vender sus productos, los domiciliarios y los consumidores.

La medida expone que los actores mencionados se portarán de “forma concurrente para fortalecer la seguridad y garantizar el uso adecuado del espacio público”.

Sin embargo, Caracol Radio señaló que “no es muy claro hasta dónde está contemplado ese nivel de corresponsabilidad”, pues no se sabe cuál será el rol de cada actor para cumplir con lo expuesto en el decreto.

La cadena radial no se quedó ahí, y expuso más dudas sobre la medida tomada por la Alcaldía para, en teoría, combatir la inseguridad en Bogotá.

Posibles “vacíos legales” en el decreto que prohíbe parrilleros de domiciliarios

Gabriel Delascasas, director de ‘La Luciérnaga’, dijo que con ese documento se entra en “vacíos legales”, pues los mensajeros no son empleados de las aplicaciones de domicilios. “Ellos están asociados”, acotó.

En segundo lugar, expuso que la medida podría perjudicar a los que realmente trabajan con las plataformas y no a los delincuentes.

“Los ladrones no están trabajando para esas compañías. Si están robando, seguramente hacen más dinero que trabajando para repartir domicilios”, agregó.

De otro lado, Melquisedec Torres, de la mesa de trabajo de ese programa, dijo que el problema es que la delincuencia actúa de muchas formas y puede tomar otras modalidades aparte de la de disfrazarse de domiciliario.

Sobre la corresponsabilidad mencionada en el decreto, señaló que esta excede lo que las leyes determinan, pues los consumidores no tienen culpa alguna de las infracciones que pueden ocurrir por parte de los supuestos repartidores.

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