Podría caerse primer decreto de conmoción interior: piden explicación por $ 70.000 millones

Fue W Radio el medio que dio a conocer que en la Corte Constitucional ya hay documento de requerimientos que realizó la magistrada Cristina Pardo, con el que pide revisar la constitucionalidad de un decreto que está en el marco de la conmoción interior ordenada para el Catatumbo por el presidente Gustavo Petro.

Se trata del decreto 0155 de 2025, que habilita al Fondo de Infraestructura Educativa (FFIE) a construir centros de educación básica y superior en el Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González, en el Cesar, aseguraron en la emisora.

(Vea también: ¿Qué significa el decreto de conmoción interior? Petro lo analiza para el Catatumbo)

Este decreto fue una oportunidad para que Daniel Rojas, ministro de Educación, anunciara una inversión millonaria en el Catatumbo, aunque esta deja muchas dudas en la magistrada, pues se trataría de una inversión de más de 70.000 millones de pesos en la construcción de 55 sedes modulares en diferentes partes de esta golpeada región de Colombia. De hecho, un aspecto llamativo es que en lo que va de este año, son más los días en los que los estudiantes no han podido ir a clases por cuenta de la violencia, que los que se han visto las aulas llenas.

Son varias dudas las que le deja a la magistrada Cristina Pardo este decreto, razón por la que el ministro Rojas deberá responder un listado de preguntas entre las que se encuentran: ¿Por qué resulta indispensable este decreto para hacer frente a la situación de violencia que vive el país en el Catatumbo?, ¿cómo la construcción de una sede de educación superior puede hacer frente a una ola de violencia?, ¿acaso este no es un problema estructural?

Ella también espera que desde el Ministerio de Educación den las razones y estudios que respalden cuáles son los aportes de estas sedes a la reducción de la violencia en la zona, que es lo que soporta los decretos de conmoción interior.

Rojas también deberá responderle a la Corte cuál es el impacto socioeconómico de estas obras, teniendo en cuenta varios aspectos como si “¿se analizó la demanda educativa en la región?, ¿quién va a administrar esos recursos?, ¿cuál será la población beneficiada?”, entre otros.

Otro aspecto, dice W Radio, sobre el que la magistrada pidió explicación es sobre la habilitación de la FFIE para hacer obras de infraestructura de educación superior, pues, dice la misma entidad, solo está habilitada para hacerlo con preescolar, básica primaria y media.

Y es que detrás de todo esto hay otro hombre clave, según la emisora: Sebastián Caballero Ortega. Él, añadieron en la cadena radial, es una ficha muy cercana a Rojas, llegó como gerente del Fondo de Infraestructura Educativa recientemente y tiene varias denuncias.

Uno de los hechos más recientes tiene que ver con una indemnización por salir de la Sociedad de Activos Especiales.