Salen a la luz decisiones de última hora que tomó Petro antes de abandonar la Casa de Nariño

Las últimas jornadas del exmandatario dejaron medidas sobre universidades públicas, Amazonía, bonos de carbono, sindicatos, presupuesto de 2027, entre otras.

En los últimos días de su mandato, Gustavo Petro dejó en marcha varias medidas relacionadas con educación, ambiente, paz, trabajo y finanzas públicas. Algunas fueron adoptadas apenas días antes de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y ahora hacen parte de la agenda que deberá revisar el nuevo Gobierno.

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De acuerdo con La Silla Vacía, las decisiones incluyeron leyes, decretos, resoluciones y nombramientos que tendrán efectos durante la nueva administración. Entre ellas hay medidas dirigidas a estudiantes de universidades públicas, organizaciones sindicales y comunidades, además de disposiciones sobre la Amazonía y el mercado de bonos de carbono.

La última de estas actuaciones fue la sanción de una ley relacionada con la alimentación de estudiantes universitarios. Petro la anunció en la mañana del 7 de agosto, pocas horas antes de abandonar definitivamente la Casa de Nariño.

¿Cuáles fueron las ocho decisiones que tomó Petro al final de su gobierno?

Una de las principales medidas fue la Ley 2618 de 2026, que establece el Programa de Alimentación Universitaria para estudiantes de pregrado de instituciones públicas. El esquema contempla comida preparada en los campus que cuenten con infraestructura para ello o, en otros casos, bonos o subsidios mensuales.

El beneficio prioriza a estudiantes con discapacidad, mujeres en embarazo o lactancia, víctimas del conflicto y personas de zonas rurales o estratos 1, 2 y 3. La norma contempla una cobertura estimada de 800.000 estudiantes y establece que los recursos provendrán del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con el citado medio, una de las jugadas del exmandatario fue el nombramiento de Simón Gómez como experto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Su periodo será de cuatro años, por lo que permanecería durante todo el mandato de Abelardo de la Espriella y participará en el seguimiento de las cuentas públicas.

En materia ambiental, Petro creó mediante el Decreto 0968 de 2026 una comisión encargada de coordinar la implementación del Acuerdo de Escazú. La hoja de ruta contempla 18 acciones prioritarias que deberán desarrollarse durante un periodo máximo de cuatro años.

También retiró el reconocimiento como negociadores de paz a ocho integrantes de las disidencias conocidas como “Calarcá”. La Resolución 297 del 3 de agosto argumentó que no habían mostrado una voluntad real de avanzar en las conversaciones, una decisión que implica la reactivación de sus órdenes de captura.

Otra de las medidas tuvo como protagonista a la Amazonía colombiana. Mediante una resolución del Ministerio de Ambiente, el Gobierno declaró el bioma amazónico como una reserva de carácter definitivo y restringió nuevas autorizaciones para actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en esa zona.

Petro también dejó reglamentado el mercado de bonos de carbono mediante el Decreto 0973. La norma asignó al Ministerio de Ambiente la coordinación del sistema y estableció mecanismos de supervisión para este mercado, que durante años había operado con vacíos regulatorios.

En el frente laboral, el Gobierno expidió el Decreto 0992, que estableció nuevos requisitos para los pactos colectivos entre empresas y trabajadores no sindicalizados. La medida busca impedir que estos acuerdos sean utilizados para debilitar la afiliación sindical o la negociación colectiva.

Finalmente, uno de los hechos más conocidos, que aunque no fue de tan última hora sí es relevante, es la radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, por $576 billones. El proyecto contemplaba ingresos inferiores a los gastos previstos y un faltante de $30,2 billones, mientras que el servicio de la deuda estaba calculado en $118 billones.

¿Qué decisiones de Petro podría reversar el nuevo Gobierno?

Algunas de las medidas ya enfrentan cuestionamientos dentro de la administración de Abelardo de la Espriella. El caso más claro es el reglamento del mercado de bonos de carbono: el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, manifestó su intención de reversarlo al considerar que la regulación afecta los incentivos para que comunidades indígenas y afrodescendientes participen en este mercado.

El presupuesto de 2027 también fue rechazado por el nuevo Gobierno. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pidió al Congreso devolver el proyecto y cuestionó la forma en que fue elaborado. Posteriormente, las comisiones económicas aprobaron devolverlo al Ministerio de Hacienda, por lo que la nueva administración deberá presentar otra propuesta antes del 30 de agosto.

En el caso de la política ambiental, el nuevo ministro Fabio Arjona también expresó reparos frente a la declaración sobre la Amazonía, aunque su posición contempla que algunas actividades mineras puedan adelantarse legalmente en territorios que no estén comprometidos por la reserva.

Así, las últimas decisiones de Petro no quedaron únicamente como parte del cierre administrativo de su Gobierno: varias tendrán que ser implementadas, modificadas o reversadas por la administración que asumió el poder el 7 de agosto.