Libertad para la senadora Martha Peralta: inesperado giro en su proceso por escándalo de la UNGRD

La situación jurídica de la senadora Martha Peralta Epieyú, en el marco del escándalo por el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha experimentado un cambio significativo. Durante las últimas tres semanas, la congresista del Pacto Histórico fue el centro de atención judicial tras ser citada a indagatoria, un proceso que estuvo marcado por una orden de conducción con policías para asegurar su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia.

Tras varias jornadas de audiencia y un cambio en su defensa legal, la senadora recuperó su libertad el pasado 23 de junio, según informó El Tiempo. Aunque la magistrada Cristina Lombana estaba lista para definir su situación jurídica frente a cargos de concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, el caso tomó un rumbo distinto. Según información conocida en primicia, la Sala de Instrucción optó por no dictar una medida de aseguramiento de detención preventiva, bajo el argumento de que no existe un peligro inminente que justifique restringir su libertad en esta etapa procesal.

La investigación ha sacado a la luz la presunta participación de la legisladora guajira en la repartija de contratos dentro del Congreso, supuestamente destinados a facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque para la magistrada Lombana las conductas atribuidas a la senadora sugieren una actuación de intermediación política en la ejecución de los recursos de la entidad, se concluyó que, con el material probatorio actual, no hay motivos suficientes para privarla de la libertad.

El futuro del proceso es incierto debido a los tiempos de la Corte, ya que el periodo de la magistrada Lombana vence el 8 de octubre de 2026. Por ahora, Peralta suscribió un acta de compromiso mediante la cual se obliga a atender todos los requerimientos de la Corte Suprema. Sin embargo, la decisión ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y jurídico. La disparidad en el trato respecto a otros investigados en el mismo entramado de corrupción es evidente, tal como lo señaló al citado periódico el abogado de otro de los procesados en este caso: “Por menos, están presos Iván Name y Andrés Calle”.