Duro golpe a la población afro en Colombia: más de un millón de personas serían afectadas

La suspensión del conteo intercensal programado para 2025, anunciada por el Dane debido a limitaciones presupuestarias, ha producido una profunda inquietud entre organizaciones defensoras de los derechos de la población negra, raizal y palenquera en Colombia.

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Esta decisión, dada a conocer el 3 de abril de 2025, representa un revés significativo en los esfuerzos por obtener una radiografía demográfica actualizada del país, especialmente para comunidades que históricamente han enfrentado invisibilidad estadística.

El propósito principal de este conteo es ofrecer una visión renovada de la composición poblacional, detallando aspectos como la cantidad de habitantes, su distribución geográfica y sus condiciones de vida.

La población negra, raizal y palenquera se vería particularmente afectada por esta suspensión. Según datos de La W, el censo de 2018 incurrió en graves deficiencias al omitir el 30,8 % de esta población, lo que se traduce en la alarmante cifra de 1,3 millones de personas no contabilizadas adecuadamente.

¿Qué pasó con la población negra, raizal y palenquera en el censo de 2018?

De acuerdo con el análisis de defensores de los derechos de las negritudes, no se trata de un mero error estadístico, sino el resultado de deficiencias organizativas durante la recopilación de datos y de una preparación inadecuada de los encuestadores en lo concerniente a la identificación de la diversidad étnico-racial.

Adicionalmente, la ausencia de campañas de sensibilización culturalmente pertinentes impidió que muchas personas se auto reconocieran como parte de estos grupos étnicos al momento del censo, según reportaron los economistas Abraham Caraballo y María Camila Estacio, junto a la abogada Dayana Blanco en una columna publicada en La Silla Vacía.

Según los autores, el conteo intercensal se ideó precisamente para corregir las falencias del censo de 2018 y para proporcionar datos más fidedignos sobre la estructura demográfica del país en el periodo comprendido entre los censos de gran escala.

De acuerdo con la periodista Yorely Ibarguen de W Radio, la carencia de datos actualizados sobre su número, ubicación y condiciones de vida genera un vacío informativo de doce años, considerando que el último censo se hizo en 2018 y el siguiente está programado para 2030.

Este extenso periodo sin información demográfica confiable impide una comprensión adecuada de las dinámicas sociales, económicas y culturales de estas comunidades, lo que a su vez obstaculiza la formulación de políticas públicas informadas y efectivas.

El conteo intercensal representaba una oportunidad crucial para subsanar los errores del pasado y para establecer una base de datos más robusta y representativa de la diversidad étnico-racial del país. Su suspensión no solo implica la pérdida de esta oportunidad, sino que también proyecta una señal preocupante sobre la prioridad que se otorga a la recopilación de datos desagregados y a la visibilidad estadística de las poblaciones minoritarias.

Líderes y activistas afines a estas comunidades hacen un llamado urgente al Dane y al Gobierno Nacional para que reconsideren esta decisión y aseguren los recursos necesarios para la ejecución del conteo intercensal, un paso indispensable para alcanzar una mayor equidad y justicia social en Colombia.