Cuánto costaba el esquema de seguridad de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz; se les fue retirado

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Luego de una revisión por parte de la entidad, se conoció que ni ellas dos ni Beto Coral cumplían con las condiciones para tener dicha protección.

Cerca de 40 millones de pesos cada mes. Esa era la cuenta que asumía el Estado colombiano por los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Beto Coral, tres personas vinculadas al entorno político del gobierno de Gustavo Petro y que ahora quedaron en el centro de una nueva polémica por el uso de recursos públicos.

(Ver también: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral se quedan sin esquema de seguridad de la UNP)

La cifra equivale a unos 480 millones de pesos al año, si el gasto se mantuviera durante 12 meses. La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar las medidas después de revisar nuevamente las condiciones de riesgo de los tres y concluir que no existían elementos suficientes para mantener los dispositivos.

La decisión puso nuevamente bajo la lupa la forma en que se asignan los esquemas de protección y, especialmente, los criterios utilizados para determinar quién necesita escoltas y vehículos oficiales.

¿Por qué tenían seguridad de la UNP?

El caso de Gabriela Muñoz había causado cuestionamientos desde que se conoció que recibió protección poco antes de finalizar el gobierno Petro. La joven fue señalada de tener presunta influencia en decisiones y nombramientos relacionados con la Aerocivil, mientras que ella sostuvo que el esquema obedecía a amenazas que había denunciado.

En cuanto a Juliana Guerrero, la joven ha estado en medio de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con documentos académicos y por señalamientos sobre una posible participación en gestiones para contratos estatales. Guerrero ha negado las acusaciones.

El tercer caso es el de Beto Coral, activista y creador de contenido, quien recibió medidas de protección poco después de ser deportado desde Estados Unidos. El procedimiento despertó cuestionamientos porque, según la revisión posterior, el esquema habría sido asignado antes de completar las evaluaciones técnicas de riesgo establecidas por la UNP.

Qué va a pasar con la UNP

Con las nuevas evaluaciones, la entidad concluyó que ninguno de los tres cumplía actualmente con las condiciones necesarias para conservar la protección.

Así, además de retirar los esquemas, la decisión abre una discusión sobre cuánto dinero público se destina a este tipo de medidas y si los criterios utilizados para otorgarlas fueron aplicados correctamente.

(Ver también: Juliana Guerrero aclara qué pasó con sus escoltas y contradice versión sobre retiro del esquema)

El dato de los 40 millones de pesos mensuales permite dimensionar el impacto: mantener durante un año los tres dispositivos habría representado aproximadamente 480 millones de pesos para el Estado.