El drama oculto del desabastecimiento de medicamentos en Manizales: cientos de vidas al límite

El desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales en Manizales ha escalado hasta convertirse en una crisis sanitaria que afecta de manera directa a cientos de pacientes, en su mayoría personas que necesitan fármacos para condiciones crónicas. Entidades de salud como Cafam y Discolmets se han visto desbordadas por la demanda insatisfecha, situación que ha obligado a pacientes vulnerables a costear directamente medicamentos de alto costo para preservar su salud o incluso su vida. Tal es el caso de una madre con artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y osteopenia, y su hija con migraña crónica y dependencia a anticoagulantes, quienes pese a contar con órdenes judiciales a su favor no han podido recibir los medicamentos que necesitan, ejemplificando una problemática extendida en el sistema.

La Secretaría de Salud Pública de Manizales, junto a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ha documentado cifras preocupantes: en Cafam existen más de 192 mil unidades de medicamentos pendientes de entrega, con 154.572 solo en el punto Laureles y 38.392 en El Cable. Los faltantes afectan especialmente a fármacos de primera necesidad y de alto costo, acentuando el riesgo que enfrentan las personas que dependen de estos tratamientos. Olga Piedad Cárdenas, referente del seguimiento al acceso a los servicios de salud, ha señalado que la ausencia de inventarios y los atrasos en los pagos a laboratorios, así como la carencia de medicamentos básicos como acetaminofén, son indicios de un problema estructural en la gestión y administración de la cadena de suministro.

Este fenómeno no es aislado. Según reportajes de El Espectador, la situación evidencia un patrón de ineficiencia y poca transparencia en el país. EPS como Nueva EPS, responsables de la cobertura en los regímenes contributivo y subsidiado, enfrentan problemas profundos ligados a la corrupción, la escasez de recursos y la compleja administración de contratos con laboratorios y dispensarios. La opacidad en la gestión y la falta de claridad en la cancelación de deudas con los proveedores debilitan la confianza de los usuarios, quienes, pese a acciones legales como la tutela, siguen sin garantías efectivas de acceso.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud ha documentado que la supervisión y sanción insuficientes contribuyen a la persistencia del incumplimiento de las normas, afectando la eficacia del sistema sanitario y aumentando los gastos de bolsillo, especialmente entre los más vulnerables. Organismos como la Organización Mundial de la Salud sostienen que la integración digitalizada y la auditoría del inventario son esenciales para evitar estos problemas, mecanismos que aún no han sido implementados de manera efectiva en Colombia.

La situación se agrava con denuncias sobre la imposición de plazos ilegales para reclamar los medicamentos, en contravía de la Resolución 1604 de 2013, lo que refleja una cultura administrativa que vulnera derechos fundamentales. En respuesta, la Superintendencia Nacional de Salud ha habilitado canales para que los afectados denuncien irregularidades, apostando por una mayor fiscalización y participación ciudadana como mecanismos fundamentales para garantizar un acceso justo y oportuno a los medicamentos esenciales.

¿Por qué la Resolución 1604 de 2013 es relevante para el acceso a medicamentos?
Esta normativa establece las condiciones para la entrega de medicamentos a los pacientes en Colombia, precisando que no debe existir un término de caducidad para que los usuarios reclamen los fármacos. Su importancia radica en que protege el derecho fundamental a la salud y evita la adopción de prácticas arbitrarias por parte de entidades administradoras de planes de beneficios. La imposición de plazos no contemplados implica una vulneración de derechos, tal como se ha denunciado en entidades de Manizales.

En el contexto actual, la aplicación rigurosa de la Resolución 1604 de 2013 es crucial para garantizar que ningún paciente quede desprotegido frente a la ineficacia de los sistemas de entrega, y subraya la necesidad de vigilancia institucional y social para salvaguardar los derechos de la población más vulnerable.

¿Cómo puede la ciudadanía participar en la vigilancia del suministro de medicamentos?
La participación ciudadana es fundamental para detectar y denunciar irregularidades que afectan el acceso a medicamentos en el sistema de salud colombiano. A través de los canales habilitados por la Superintendencia Nacional de Salud, los usuarios pueden reportar casos de desabastecimiento, demoras o exigencias no contempladas en la normativa, contribuyendo así a una mayor transparencia y eficiencia del sistema.

El fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la exigencia social de rendición de cuentas obligan a las entidades de salud a cumplir con sus responsabilidades legales y contractuales. Esto favorece la construcción de un sistema más equitativo y protege el acceso efectivo a los tratamientos esenciales, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas o de alto costo.