Desplazamiento masivo y confinamiento en Catatumbo: la otra cara del conflicto armado en Colombia

La situación humanitaria en el Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, Colombia, sigue deteriorándose debido al recrudecimiento del conflicto armado en la región. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó el 30 de diciembre que al menos 100 familias desplazadas han llegado recientemente a la ciudad de Cúcuta, mientras que otras 15 lo hicieron al municipio de Ocaña. Estas familias provienen, principalmente, de zonas afectadas por los enfrentamientos armados, como el municipio de Tibú. Según la defensora, esta cifra se suma a los desplazados que habían llegado en días anteriores, quienes también incluyen a personas que buscan refugio en el casco urbano de Tibú y a quienes no han podido salir de sus comunidades debido al uso de drones y la toma de poblaciones por parte de grupos armados ilegales.

En sus declaraciones por medio de su cuenta de la red social X, Iris Marín Ortiz recalcó la urgencia de que se atienda la situación humanitaria, que ha golpeado con especial fuerza a la región desde enero de 2025. La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado emitido el 29 de diciembre, detalló que el conflicto, activo desde el 16 de enero, ha producido más de 78.000 desplazamientos forzados solo durante la última semana. Este dramático aumento se relaciona con la intensificación de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), quienes disputan el control territorial y de economías ilícitas.

La Defensoría ha podido precisar que el riesgo y la vulneración de derechos humanos se concentran en la cabecera urbana de Tibú, así como en los corregimientos de Reyes de Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, y en varias veredas, entre ellas Versalles, Oru 7, Campo Seis y Caño Indio. Tibú reviste especial importancia estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela, situación que ha facilitado el tránsito irregular y ha convertido la zona en un corredor valioso para las economías ilegales que manejan los grupos armados enfrentados.

Frente a esta crisis humanitaria, tanto la Alcaldía de Cúcuta como la de Tibú enfrentan serias limitaciones en su capacidad de respuesta para socorrer a los desplazados y a las personas en situación de confinamiento. Las autoridades locales han solicitado el apoyo de caravanas humanitarias para poder ingresar a las zonas más afectadas y brindar ayuda urgente.

La Defensoría del Pueblo, en consecuencia, recomendó que las alcaldías, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, refuercen los mecanismos humanitarios para garantizar la asistencia inmediata a los afectados y el respeto de los principios de concurrencia, subsidiariedad y corresponsabilidad. De igual forma, subrayó la necesidad de mejorar los recursos destinados a ayudas como los kits de emergencia, los censos y el alojamiento temporal para quienes han debido abandonar sus hogares. Además, instó al Ministerio del Interior a tomar medidas rápidas y coordinadas con demás autoridades para implementar las recomendaciones consignadas en las alertas tempranas. Finalmente, la entidad exhortó a los grupos armados a frenar las hostilidades y permitir la creación de corredores humanitarios.

¿Qué implica el confinamiento de comunidades durante el conflicto armado?

El confinamiento de una comunidad ocurre cuando, debido a las acciones y amenazas de grupos armados ilegales, sus habitantes se ven impedidos de salir de su territorio, incluso para acceder a servicios básicos, buscar alimentos o huir a lugares más seguros. Según lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, muchas familias en el Catatumbo permanecen confinadas pues no pueden salir de sus hogares debido a los combates y el uso de instrumentos como drones para el control territorial.

Este fenómeno agrava la emergencia humanitaria, ya que, además de la violencia directa, los confinados enfrentan desabastecimiento, dificultades para el acceso a la asistencia médica y la imposibilidad de comunicarse o recibir ayuda externa. Por ello, la Defensoría y las entidades de atención consideran prioritario abrir corredores humanitarios y enviar ayuda de manera inmediata.