Al borde del colapso: crisis financiera de la Nueva EPS en Cesar pone en vilo la salud de 400.000 usuarios

La crisis financiera afrontada por la Nueva EPS en el departamento del Cesar, Colombia, evidenció la vulnerabilidad del sistema de salud cuando factores económicos amenazan la prestación de servicios médicos esenciales. Ocho Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) estuvieron al borde de suspender la atención, pero la rápida articulación entre gobiernos locales, entes de control y representantes hospitalarios permitió mantener los servicios médicos, aunque con restricciones temporales para nuevos pacientes en consulta externa. Esta medida buscó proteger la atención de quienes ya estaban en tratamiento, especialmente para enfermedades de alto costo y con necesidad de continuidad, según la información recopilada en el artículo original.

El origen de la crisis radica en una deuda acumulada de más de 190 mil millones de pesos que la Nueva EPS mantiene con las IPS del Cesar. Aunque se priorizó el pago de 27.300 millones de pesos, correspondientes a facturación de agosto, la cifra representa solo una pequeña parte del monto total adeudado. Según Dina Zabaleta, personera de Valledupar, este retraso en los pagos se ha reflejado especialmente en la demora y dificultades para retirar medicamentos en dispensarios como Ético. Usuarios y líderes sociales han denunciado la situación, manifestando que los mecanismos implementados en las mesas de trabajo no han sido suficientes para garantizar la continuidad del suministro, lo cual resulta crítico para quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

El impacto de esta situación es considerable. En el Cesar, aproximadamente 400,000 personas están afiliadas a la Nueva EPS, distribuidas entre el régimen subsidiado (304 mil) y el contributivo (95 mil). De acuerdo con Esperanza Arias, veedora social, la incertidumbre generada por la deuda y el riesgo de interrupción afecta la confianza y el acceso de la ciudadanía a tratamientos vitales. Georgina Sánchez, Secretaria de Salud del Cesar, resalta la urgencia de estabilizar la red hospitalaria y la importancia de un compromiso efectivo por parte de la aseguradora para prevenir futuras crisis que amenacen la integridad del sistema de salud regional.

La respuesta institucional incluyó la supervisión directa de la Personería Municipal, la Procuraduría Regional y las secretarías de salud, que diseñaron planes de contingencia en hospitales clave, como el Rosario Pumarejo, para atender un posible incremento de la demanda ante la amenaza de suspensión de algunos servicios. El Instituto Cardiovascular del Cesar ha asegurado el cumplimiento de los acuerdos y la continuidad en la prestación de sus servicios para los afiliados a la Nueva EPS.

Sin embargo, este panorama local responde a una problemática nacional más amplia. La Nueva EPS cubre a más del 22% de la población afiliada al sistema de salud colombiano y la Defensoría del Pueblo reporta que existen más de un millón de tutelas interpuestas a nivel nacional por derechos a la salud, muchas de ellas relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos. Este dato no solo evidencia la gravedad de la crisis, sino que también apunta a fallas estructurales del sistema.

Por otra parte, otras Entidades Promotoras de Salud como Dusakawi también enfrentan deudas millonarias (por ejemplo, 1.800 millones con NEFROUROS), exponiendo a más regiones a crisis semejantes que pueden afectar el acceso a servicios médicos especializados y la calidad del tratamiento. Todo esto subraya la fragilidad financiera que caracteriza tanto a la red pública como a la subsidiada en Colombia.

Reportes de investigación periodística en América Latina señalan que estos episodios suelen ser el resultado de problemas estructurales, como la ineficiencia administrativa, la falta de financiación adecuada y la limitada transparencia en la protección del derecho a la salud. En consecuencia, la deuda de las aseguradoras tiene un efecto negativo en la prestación de servicios y pone en riesgo la confianza pública y la estabilidad institucional. Para enfrentar estas recurrentes crisis, se plantea la necesidad de fortalecer la supervisión, mejorar la gestión financiera y consolidar un sistema más transparente y eficiente.

Así, los hechos recientes en Cesar no solo son una alerta local, sino también un síntoma de dificultades estructurales que exigen soluciones profundas para que el derecho a la salud no dependa de acuerdos coyunturales, sino de un compromiso duradero con la sostenibilidad y la calidad del sistema de salud colombiano.

¿Qué implica que una EPS entre en crisis financiera en Colombia?
Cuando una Entidad Promotora de Salud (EPS) atraviesa dificultades económicas, se generan retrasos en los pagos a las IPS encargadas de la atención. Esto puede derivar en suspensión temporal de servicios, afectaciones en el suministro de medicamentos y disminución de la calidad en la atención, ya que los recursos para operar disminuyen notablemente. Además, incrementa la incertidumbre entre los usuarios y puede sobrecargar los hospitales públicos. La crisis de Nueva EPS en Cesar ilustra cómo la fragilidad financiera pone en riesgo a cientos de miles de afiliados y tensiona todo el sistema de salud.

¿Qué es una tutela en el sistema de salud colombiano?
En Colombia, una tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales ante una vulneración o amenaza. En el contexto de la salud, las tutelas suelen ser interpuestas por los usuarios cuando una EPS no garantiza tratamientos, medicamentos o procedimientos necesarios. Según datos de la Defensoría del Pueblo, la alta cantidad de tutelas contra Nueva EPS refleja insatisfacción y dificultades recurrentes en el acceso efectivo a los servicios de salud, situación que evidencia la necesidad de fortalecer y hacer más eficientes los procedimientos y los canales de atención al usuario.