Criminales se estarían volviendo indígenas para evitar la cárcel; ¿cómo funciona?

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Una investigación tiene bajo la lupa un presunto entramado de corrupción que usan narcotraficantes para escapar de la justicia ordinaria.

Una investigación conocida por Semana reveló un presunto entramado de corrupción mediante el cual narcotraficantes y otros delincuentes estarían haciéndose pasar por integrantes de comunidades indígenas para evitar permanecer en cárceles ordinarias y obtener beneficios judiciales.

El caso más llamativo es el de Juan Carlos Vacca Castillo, alias ‘Dimax’, señalado líder del grupo criminal ‘Los de Dimax’, estructura vinculada con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en el Valle del Cauca. El hombre fue condenado a más de 41 años de prisión, pero logró ser trasladado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hacia un resguardo indígena tras ser reconocido como integrante de una comunidad nasa.

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Según el expediente revelado por el medio citado, el Ministerio del Interior certificó en 2024 que Vacca Castillo pertenecía al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle. Sin embargo, investigadores judiciales aseguraron que el condenado no tendría raíces familiares ni vínculos reales con esa comunidad indígena.

Las autoridades también encontraron inconsistencias porque meses después el hombre apareció registrado en otro resguardo completamente distinto, Gran Rosario, en Nariño, perteneciente al pueblo awá. Posteriormente volvió a figurar en otro territorio indígena nasa, ubicado en Santander de Quilichao, Cauca.

Uno de los investigadores consultados por Semana aseguró que las diferencias culturales y jurídicas entre estas comunidades son evidentes y cuestionó que las autoridades judiciales no hubieran detectado las irregularidades. De acuerdo con la investigación, el traslado constante entre resguardos desvirtuaría el fundamento constitucional de la jurisdicción especial indígena.

El expediente además advierte sobre posibles fallas graves en los procedimientos administrativos y judiciales, así como una eventual red de corrupción que involucraría cabildos indígenas, juzgados y funcionarios públicos. La hipótesis principal es que algunos delincuentes estarían pagando grandes sumas de dinero para obtener falsos certificados de pertenencia étnica y así evitar la prisión tradicional. Incluso, investigadores aseguraron que políticos y funcionarios públicos del suroccidente colombiano estarían buscando acercamientos con cabildos indígenas ante eventuales procesos judiciales, lo que aumentó las alertas de las autoridades sobre un posible uso fraudulento de esta figura constitucional.