Fiscalía de la Corte Penal Internacional, preocupada por modificaciones a la JEP

Consideran que los cambios que ha sufrido pueden restringir la actuación de sus magistrados sobre la responsabilidad de mando en crímenes de lesa humanidad.

Según un documento publicado por el organismo, denominado “Informe sobre las actividades de examen preliminar 2018”, los cambios introducidos a ese tribunal de paz desde el Congreso y aprobados por la Corte Constitucional “podrían interpretarse” con el sentido de “restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario”.

De acuerdo con el documento, “quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente y en particular la definición de responsabilidad del mando” de militares que participaron en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno con la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc.

Al respecto, la Fiscalía de la CPI advirtió que “ha tomado nota de los cambios recientes a las Reglas de Procedimiento para la JEP en cuanto a los objetivos de la investigación de delitos presuntamente cometidos por las Fuerzas Armadas y a la creación de un procedimiento especial y diferenciado para agentes del Estado”.

En ese sentido, subrayó que “este asunto y toda otra iniciativa legislativa que pudiera resultar en retrasos en traer a los perpetradores a rendir cuentas, limitaciones a los alcances y la exhaustividad de las investigaciones sobre delitos complejos […] son de gran interés para la Fiscalía en la medida en que podrían tener impacto sobre la admisibilidad de casos potenciales relacionados con agentes del Estado“.

La JEP, que comenzó a operar en marzo de este año, ha sido objeto de modificaciones en su normativa por parte del Congreso que fueron aprobadas por la Corte Constitucional, lo cual ha sido cuestionado por el partido político de Farc, que sostiene que de ese modo se ha cambiado el sentido de lo pactado en La Habana en materia de juzgamiento de militares, exguerrilleros y terceros que participaron en el conflicto armado.

Pese a ello, la Fiscalía de la CPI valoró “positivamente” que la JEP esté en “pleno funcionamiento”.

Asimismo, destacó que desde noviembre de 2017 “las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia”, en relación con enjuiciamientos de militares que participaron en asesinatos extrajudiciales o “falsos positivos”, mediante los cuales hicieron pasar a civiles como guerrilleros caídos en combate con el fin de obtener ascensos y prebendas.

El organismo también destacó los avances de las autoridades colombianas para enjuiciar a responsables de delitos sexuales y las condenas que se profirieron a tres líderes paramilitares por esos hechos, así como los procesos iniciados contra paramilitares, miembros de las Farc y del Ejército colombiano en esa línea.

En su informe, la Fiscalía de la CPI también constató las condenas a 29 paramilitares durante el último año y las imputaciones a otros 341 por haber provocado desplazamientos forzosos de civiles.

Por último, se comprometió a hacer un examen riguroso sobre los temas materia del informe presentado este miércoles.