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El proceso estaba suspendido porque la defensa del exministro de Agricultura había presentado un documento de apelación para frenar su regreso a Colombia.
Una corte de Atlanta analizó ese recurso y determinó que no puede fallarlo porque el caso está en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Es decir que la Corte de Apelaciones de Atlanta, del sistema judicial estadounidense, dejó en manos del Gobierno, que representa al Ejecutivo, la decisión de extraditar o no a Arias, tras respaldar la decisión de ambos jueces de Florida.
Cabe recordar que el exministro es requerido en Colombia para que cumpla una condena de 17 que le impuso la Corte Suprema de Justicia por hechos de corrupción en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Según los documentos judiciales, la corte revalidó lo establecido por dos jueces de tribunales inferiores del Distrito Sur de Florida que aprobaron la extradición de Arias.
“Al final del día, no consideramos ni decidimos si Estados Unidos debe extraditar a Arias. De hecho, no podemos; ese juicio recae sólo en el Poder Ejecutivo. […] Conscientes de nuestro modesto papel, sostenemos simplemente que la ley no lo excluye” de la extradición, señaló la corte este lunes.
En ese sentido, en febrero pasado el Departamento de Estado comunicó a los abogados del exministro que no ejercerá su potestad de detener la extradición a Colombia.
“Concluimos que la evidencia cumple con los requisitos del Tratado para extraditar a personas que ya han sido condenadas (…), cuando una solicitud de extradición se relaciona con una persona condenada, como Arias, la parte solicitante debe presentar solo una copia de la sentencia”, señaló la corte.
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El caso de “Agro Ingreso Seguro” se refiere a unos préstamos a bajo interés que el Gobierno colombiano concedía a través de un organismo del sistema interamericano a pequeños agricultores para que compraran sistemas de regadío.
Según la sentencia, esos créditos fueron usados fraudulentamente por grandes terratenientes cuando Arias era ministro.
Arias llegó a EE.UU. en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia en su país a más de 17 años de cárcel y una multa de más de 15 millones de dólares, y poco después solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia.
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