Corte e ICBF se asegurarían de que a indígenas de La Guajira no les falte agua ni comida

Este viernes finalizó en La Guajira una inspección liderada por el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Iván Humberto Escruceria Mayolo, la cual verificó los avances de la Sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos de acceso al agua potable, salud y seguridad alimentaria a los niños wayú de los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha, para evitar que sigan muriendo por factores asociados a la desnutrición.

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Estas visitas estuvieron acompañadas por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes mostraron el trabajo realizado a la primera infancia a través de las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), las Unidades Móviles, las Unidades de Búsqueda Activa y todos los servicios destinados a promover y garantizar los derechos de la niñez.

Este también fue un escenario donde el ICBF le presentó a la Corte Constitucional y a las comunidades, el nuevo modelo de atención integral y las zonas de recuperación nutricional, que empezarán a operar desde el mes de octubre de 2022, previo a unas jornadas de diálogo y concertación con la comunidad, y donde se plantean soluciones estructurales como la seguridad alimentaria, a través de la soberanía alimentaria, una mayor articulación con el sector salud y un trabajo interinstitucional con los ministerios de Educación, Deporte, Cultura, entre otras entidades del gobierno nacional y departamental.

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La revisión incluyó, entre otros temas, el análisis de medidas para suministrar a las comunidades acceso al agua potable, alimentación y salud, por lo cual participaron entidades vinculadas como los ministerios del Interior, Salud, Agricultura, Justicia, así como las secretarías municipales, alcaldías locales; y en representación de la comunidad asistieron los entes de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Veeduría Nacional, entre otros.