Sombra política y reclamos de transparencia: ¿qué pasa en la elección del Contralor de Caldas?

El proceso de selección del Contralor departamental de Caldas ha estado rodeado de controversias relacionadas con la transparencia y posible injerencia política. Esta situación representa una problemática común en Colombia respecto a los mecanismos de elección de funcionarios encargados de la vigilancia y control fiscal. De acuerdo con el dirigente político Iván Darío Giraldo, las dudas surgen a raíz de la integración de la terna conformada por Diana Constanza Mejía Grand, Fabio Andrés García Bedoya y Humberto García Vega. Giraldo manifestó reservas señalando que algunos de los postulados mantienen cercanía con las autoridades gubernamentales, lo cual, en su visión, pone en entredicho la legitimidad del proceso y genera incertidumbre, en vez de ofrecer garantías a la ciudadanía, según información de La Patria.

La trayectoria de los aspirantes ha sido, igualmente, objeto de escrutinio. Mejía Grand fue secretaria de Gobierno en Manizales y es reconocida por su vínculo con Mauricio Lizcano, quien fue candidato presidencial. García Bedoya, también vinculado a Lizcano, se desempeña como funcionario de Gensa. Por su parte, García Vega es un policía retirado. Estas conexiones alimentan el debate sobre la imparcialidad en la selección, una controversia que no se limita a Caldas. En Colombia, tanto la Fiscalía como la Contraloría General han estado bajo la lupa por posibles interferencias políticas, escenario que preocupa a expertos en gobernanza pública, tal como recoge la Universidad de los Andes en estudios recientes.

En respuesta a las críticas, el presidente de la Asamblea de Caldas, Hernán Alberto Bedoya Cadavid, ha defendido públicamente la transparencia del procedimiento, asegurando que los pasos dados desde febrero han seguido un camino “inmaculado”. Destacó el papel de la Universidad Corporativa de la Costa (CUC), quien, como ente administrador del proceso, ha facilitado el acceso público a los exámenes realizados. Sin embargo, las tensiones no se han disipado, pues Carlos Aristizábal, parte interesada y recurrente en el proceso judicial, ha alegado falta de acceso a la totalidad de la documentación, argumento que fue rechazado por la Asamblea, siempre según La Patria.

La situación se agudiza por la existencia de dos tutelas judiciales en curso. La primera, impulsada por Giraldo, llevó a la reasignación de un puntaje en la prueba de conocimientos y alteró la prelación en la lista de elegibles. La segunda fue presentada por Aristizábal, quien solicitaba la anulación de la terna y la revisión de los cuadernillos originales de evaluación, sin éxito en su trámite ante la Asamblea. Este contexto refleja una tendencia nacional, documentada por la Misión de Observación Electoral (MOE 2024), en la que la judicialización de los procesos de selección erosiona tanto la confianza ciudadana como la percepción de legalidad de los resultados.

A nivel nacional, el Observatorio de Transparencia Electoral de la Fundación Karisma ha insistido en que la autonomía de los órganos de control depende de concursos transparentes, públicos y orientados al mérito. Superar la influencia política exige no solo cumplir formalismos, sino también fomentar la participación ciudadana y una supervisión activa por parte de medios independientes. En el caso de Caldas, se hace evidente la necesidad de adoptar mejores prácticas y tecnologías de trazabilidad para blindar la integridad del proceso, tal como se promueve en otras regiones latinoamericanas, según LatAm Journalism Review.

¿Cómo pueden fortalecerse los mecanismos de transparencia en la elección de contralores departamentales? El fortalecimiento de la transparencia depende de la institucionalización de procedimientos claros y abiertos al escrutinio público. Una práctica fundamental sería la publicación de todas las etapas, resultados y evaluaciones del proceso, así como permitir el acceso de veedores ciudadanos y organizaciones independientes que certifiquen la regularidad de la selección. La tecnología puede desempeñar un rol clave en aumentar la trazabilidad y facilitar la transmisión y consulta de información en tiempo real, que contribuya a generar confianza entre la ciudadanía y evitar percepciones de arbitrariedad o manipulación.

¿Qué significa la judicialización de los procesos de elección de cargos públicos? La judicialización se refiere a la tendencia de resolver desacuerdos administrativos y políticos mediante demandas ante los tribunales, en lugar de solucionarlos dentro de los mecanismos institucionales ordinarios. En el contexto colombiano, este fenómeno revela un déficit en la robustez de los procedimientos, pues las frecuentes tutelas y otros recursos judiciales pueden ralentizar la designación de funcionarios vitales, afectar la continuidad institucional y debilitar la legitimidad de las autoridades electas. El aumento de estos litigios evidencia la necesidad de fortalecer tanto el diseño de los concursos como la credibilidad de las instancias responsables de su organización y control.