Gobierno firmó millonada en contratos tras perder elecciones: más de 7,6 billones repartidos

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Un informe de Transparencia por Colombia reveló que las entidades públicas firmaron miles de contratos inmediatamente después de que terminó la veda electoral.

El fin de la Ley de Garantías Electorales, que mantuvo bajo control la contratación directa desde el 31 de enero hasta el 21 de junio de 2026, desató un frenesí administrativo sin precedentes en el país. En apenas tres semanas, entre el 22 de junio y el 10 de julio, las entidades públicas firmaron 43.092 contratos que sumaron la astronómica cifra de 7,6 billones de pesos. Este volumen de recursos, movilizado en tiempo récord, ha puesto el foco de los organismos de control sobre la manera en que el Estado está gestionando sus recursos en la transición entre mandatos, según informó El Tiempo.

Según un informe de Transparencia por Colombia, elaborado con datos del Secop I y II, el Gobierno Nacional fue el principal protagonista, concentrando 3,4 billones de pesos, lo que equivale al 45 por ciento del total adjudicado. Lo que más preocupa a los expertos es la modalidad utilizada: dos de cada tres contratos fueron entregados bajo la figura de “contratación directa”. Esta modalidad, aunque legal tras el levantamiento de la veda, permite la adjudicación sin licitación, reduciendo drásticamente la competencia y aumentando la discrecionalidad de los funcionarios públicos.

El análisis detalla que, de los 6.717 contratos firmados por la rama ejecutiva, la gran mayoría corresponde a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (PSAG). Entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideran la lista con 1.238 contratos directos, seguida por el Dane y el ICBF. “La contratación directa tiene muchísima más discrecionalidad por parte de quien contrata y, por lo tanto, menos mecanismos de competencia que podrían ayudar a identificar que un contrato esté amañado”, advirtió Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

En cuanto a los proyectos de mayor valor, el Invías acapara la atención con obras de gran escala, como la variante en Chachagüí, Nariño, por 650.399 millones de pesos. Si bien desde Transparencia por Colombia aclaran que este pico de contratación es un patrón “usual” tras el levantamiento de las restricciones electorales, el llamado es a la vigilancia extrema. Aún quedan más de 50.000 procesos pendientes de firma y las “banderas rojas” sobre la falta de pluralidad de oferentes siguen encendidas. El mensaje para el gobierno saliente y el entrante es claro: la transparencia debe prevalecer sobre la urgencia de ejecutar presupuestos antes de que se agote el tiempo de gobierno.