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El contralor Carlos Zuluaga ordenó detallar la asignación de recursos, viajes y misiones de las primeras damas de los más recientes 4 gobiernos en Colombia.
La actual primera dama, Verónica Alcocer, creó revuelo en el país por el escándalo que supuso el excesivo costo que paga la Nación por la comitiva que la acompaña y asesora en cada evento social al que asiste.
(Vea también: Destapan cifra de viáticos diarios que recibía Alcocer para viajar; era más de un mínimo)
Ese, según el portal La Silla Vacía, tendría un costo estimado de más de $1.000 millones para el Gobierno, pues Alcocer tiene a su disposición fotógrafo personal, maquilladores, vestuaristas y hasta una chaperona.
En ese sentido, el contralor Carlos Zuluaga ordenó a un grupo de contralores que le pidan al Dapre los informes sobre la asignación de recursos, viajes y misiones especiales de las primeras damas de los últimos cuatro gobiernos para conocer si han incurrido en irregularidades.
Zuluaga comentó puntualmente que solicitó “un informe detallado de los viajes, misiones especiales, comisiones, que hayan realizado las esposas de los presidentes Gustavo Petro, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe con el fin de tener una trazabilidad de los recursos públicos utilizados para este tipo de misiones”.
Así las cosas, las primeras damas involucradas en ese reporte detallado que deberá entregar el Dapre son Lina Moreno, María Clemencia Rodríguez de Santos, María Juliana Ruiz y Verónica Alcocer.
La designación del presidente Petro a Verónica Alcocer como embajadora de una misión especial, declarada nula por la Procuraduría, en respuesta a una demanda que llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue la gota que derramó el vaso y que terminó decretando la solicitud de la Contraloría para investigar los fondos gastados por los presidentes y sus esposas en las dos últimas décadas en el país.
El Tribunal había afirmado días atrás que esa designación por parte del presidente Petro infringió la ley (artículo 126 de la Constitución), puesto que esa impide a los servidores públicos contratar personas con las que tengan algún parentesco.
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