Contraloría pone la lupa sobre contratos multimillonarios de la DNI durante el gobierno Petro

La crisis institucional en torno a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) escaló este lunes 9 de noviembre de 2026, luego de que el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, ordenara iniciar acciones de vigilancia y control fiscal prioritario sobre múltiples contratos suscritos durante la administración del expresidente Gustavo Petro. La determinación del órgano de control responde a las recientes revelaciones periodísticas que acusan a la entidad de haberse convertido en un aparato de espionaje político e infiltración informática.

De acuerdo con el informe preliminar de la Contraloría, la investigación abarca cinco contrataciones que suman un valor aproximado de 20.783 millones de pesos, en las cuales se habrían detectado fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos. “Estas circunstancias serán objeto de una revisión prioritaria para determinar si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si existe una eventual afectación al patrimonio del Estado”, señaló la entidad de control a través de un comunicado oficial, reiterando que la seguridad nacional no puede constituir una excepción al deber de proteger los caudales públicos.

Las indagaciones fiscales se cruzan con un complejo entramado penal que gira en torno a la captura en Neiva de Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la agencia durante el gobierno anterior. Según la investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Especializada contra Delitos Informáticos, a Oyola se le imputarán los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. No obstante, el elemento más delicado del expediente radica en la presunta sustracción de una “copia espejo” del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), la plataforma más reservada del Estado cuyo acceso restringido recae exclusivamente sobre las máximas autoridades del Ejecutivo y la cúpula de seguridad.

Para las autoridades judiciales, que un empleado de nivel medio haya extraído una réplica de dicho software hacia un ordenador personal representa una vulneración extrema a la seguridad nacional. Paralelamente, las auditorías forenses ordenadas por la actual administración —tras analizar 147 terabytes de información— concluyeron que la DNI perdió su confiabilidad institucional tras la creación por decreto de un grupo denominado “Contrainteligencia del Estado”, el cual habría operado sin controles sobre la oposición y la campaña electoral. A esto se suman denuncias sobre el uso del Decreto 0563 de 2026 para intervenir vehículos de protección a expresidentes con dispositivos GPS y micrófonos, la operación de una casa clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos y las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría contra exdirectores de la entidad por presuntos beneficios judiciales y seguimientos ilegales.