Alcalde de Cali la vio gorda con las autoridades: le embargaron cuentas y propiedades

La Contraloría General de la República ordenó este sábado el embargo de cinco cuentas y siete bienes inmuebles al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina en medio de un proceso de responsabilidad fiscal por “presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca, Impretic’s, y la Unión Temporal Windetec.

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La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la entidad encontró “irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la Policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras”, en el que se encontró un presunto detrimento patrimonial por $1.854.603.749.

Además del alcalde de Cali también están vinculados como presuntos responsables fiscales el Secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, el Supervisor del contrato, el Gerente General de Impretic’s y los miembros de la Unión Temporal.

“Por esto se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y bienes inmuebles, y adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación”, indicó la Contraloría.

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Solo al alcalde Ospina, la Contraloría le habría embargado, según la revista Semana, cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, varios garajes y un apartamento. También se congelaron otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en el caso.

Las acciones que habrían desencadenado el presunto detrimento patrimonial por el que la Contraloría abrió este proceso de responsabilidad fiscal se remontan al 9 de diciembre de 2020. Ese día, el alcalde Ospina emitió un decreto con el que delegó funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, que tenía a Carlos Rojas a la cabeza.

El contrato que Ospina delegó en su secretario tenía que ver con la ejecución de mejoras en el sistema de videovigilancia de la ciudad y garantizar su operación en el cuatrienio. El contrato no se cumplió en su totalidad.

De acuerdo con Semana y el diario El País de Cali, la Secretaría de Seguridad “realizó la invitación” a Impretic’s para suscribir un convenio interadministrativo, figura que permite la contratación directa sin necesidad de licitación, es decir, a dedo.

El decreto señala que la imprenta contaba con “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones y su propuesta ofrecía como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por 426 millones de pesos.

A este monto, de acuerdo con los dos medios, se le sumó el respaldo económico de Ospina, que puso sobre la mesa un presupuesto superior a los 5.300 millones de pesos.

Pero Impretic’s finalmente no ejecutó las mejoras al sistema de videovigilancia de la ciudad y terminó contratando a una unión temporal llamada Windetec.

Así las cosas, la Contraloría puso la lupa sobre las irregularidades y encontró el presunto detrimento patrimonial de $1.854.603.749: 300 millones de la cuestionada intermediación y 1.500 millones de pesos que nunca se ejecutaron.