Responder sí a las 12 preguntas de consulta popular no garantizaría un cambio laboral

Como quedaron redactadas, las 12 preguntas que les hará el Gobierno del presidente Gustavo Petro a los colombianos difícilmente encontrarán como respuesta un no. ¿Quién se puede negar a que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., o que se pague un recargo del 100 % al trabajo en día de descanso, dominical o festivo; o que se promueva la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? En las actuales circunstancias, semejante panorama se ofrece como un paraíso para los trabajadores, pero también puede terminar siendo un frustrante espejismo.

(Le interesa: Gustavo Petro hace anuncio de que llevará consulta popular al Senado, teñido de populismo)

La primera razón, no tan técnica, es que se trata de enunciaciones de carácter aspiracional, es decir, que apuntan a los deseos o anhelos de los colombianos. Ofrecen un mundo ideal que impacta directamente la dimensión emocional de quienes ven en esas preguntas una virtual tabla de salvación para superar dificultades económicas y que consideran que participar en la consulta popular y responder con un sí resolverá muchos de sus problemas. Solo un sí será la llave para abrir la puerta a un nuevo mundo.

Pero es en la dura realidad de lo técnico donde se puede desvanecer ese panorama que también pinta atractivas condiciones, como que las personas puedan tener permisos necesarios para atender tratamientos médicos, licencias por periodos menstruales o incapacitantes; que las empresas contraten al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores; que los aprendices del Sena o instituciones similares tengan un contrato laboral; que los trabajadores de plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social, y que exista un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios.

El primer escollo que debe superar la consulta popular es su aprobación en el Senado, en donde la presentará el presidente el primero de mayo, día festivo. Opositores como el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseguran que la batería de preguntas “incluye obviedades, puntos engañosos y/o que están incluidos en la normativa vigente. ¿O no existen ya los contratos laborales para empleadas domésticas y conductores? ¿No está suficientemente reglamentada la jornada de ocho (8) horas?”.

También critica que, si el Gobierno quiere dar ejemplo lucha contra la tercerización, “no se entiende por qué subsisten tantos contratos por prestación de servicios en el sector público”. Por esas razones, Motoa advirtió que al Senado de la República “no le queda más que NEGAR el mecanismo y desde Cambio Radical haremos todo lo posible para que suceda”. En cambio, el senador de la Alianza Verde León Freddy Muñoz aseguró que no creía que en el Senado se opusieran. “No creo que cometieran ese error, porque ahí sí sería peor para ellos porque se volcaría el pueblo en contra del Congreso”, advirtió. Así que el debate en el Senado va a ser intenso.

Otra razón que afectaría gravemente a la consulta popular, así obtenga el sí de los votantes, es que, para algunos, no es el mecanismo idóneo para los propósitos que persigue. Algunas voces aseguran que el Gobierno debió optar por el plebiscito aprobatorio, otro mecanismo de participación ciudadana previsto para someter un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente, en este caso el Congreso, a consideración del pueblo para que decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.

Con base en este criterio, por ejemplo, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, sostuvo que la consulta popular no es el mecanismo adecuado, “en primera medida porque no va a resultar absolutamente nada bajo el entendido de que cuando se pretenden crear normas el mecanismo constitucional es el referendo, no la consulta popular”. “Cuando eso se apruebe no va a pasar nada porque con esas respuestas no se puede implementar nada”, dijo en Caracol Radio.

Sin embargo, el presidente Petro aseguró en X que la consulta popular sí es vinculante y “obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo”. También advirtió que, si el Congreso de la República niega la aprobación de la consulta popular, “el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”. Para el directivo de Acopi, “estamos ante una acción netamente movilizadora y generadora de emoción en la ciudadanía, pero que no le apunta a una verdadera transformación ni de la economía ni del sector empresarial”.

Estas posturas anticipan una fuerte punga jurídico-política para la consulta popular que, además, aún tendría más obstáculos por superar, empezando por el que plantea el artículo 9 de la Ley 1757 de 2015, según el cual, para que esta iniciativa sea presentada ante el Senado se requiere del apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 5 % del censo electoral (es decir, de un poco más de dos millones de ciudadanos si se tiene en cuenta que el censo electoral actual es de 40’963,370 colombianos).

Esa cifra resultaría manejable para el Gobierno. Pero hay otra que provoca las mayores expectativas sobre este tema. El artículo 41 de la misma ley estipula que la decisión del pueblo en la consulta popular será obligatoria cuando se cumplan otros dos requisitos. Primero: que participen no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral (si el censo electoral en Colombia son hoy 40’963,370 ciudadanos, un tercio serían unos 13’654,456 colombianos), y segundo: que la pregunta planteada obtenga el voto afirmativo de la mitad más uno de esos sufragios válidos (en este caso se habla de la mitad de13,654,456 colombianos, es decir, unos 6’827.229 ciudadanos).

En medio de este entramado de dificultades ha surgido la tesis de que el Gobierno es consciente de los riesgos que corre, pero sigue adelante porque su mira está puesta en aceitar la maquinaria electoral con movilizaciones que apuntan claramente a las elecciones presidenciales del 2026. Por eso, la oposición, además de intentar la desaprobación de la consulta popular en el Congreso, le apostará a la abstención si la iniciativa sale airosa del Legislativo. Considera que un voto, así sea por el no, les dará volumen a las aspiraciones políticas del Gobierno.