Constructora en el Tolima enfrenta problemas por corrupción; ya capturaron a 25 personas

Manuel Benjamín García Turizo, propietario de la constructora El Poblado con sede en Barranquilla, Atlántico, responsable del proyecto urbanístico Villa del Mar en Carmen de Apicalá, en el Tolima, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, ecocidio y cohecho por dar u ofrecer, tras su entrega voluntaria ante el CTI de Barranquilla.

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García Turizo, de 64 años, evadía la justicia desde diciembre del año 2021, fecha en la que fueron detenidas 25 personas por policía judicial del CTI de la Sección de Análisis Criminal y el Grupo Goti, señaladas de pertenecer al grupo de delincuencia organizada Los del Instituto, entre ellos el director territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del Tolima, investigación en cabeza de un despacho adscrito a la Unidad de delitos contra la Administración Pública de la Seccional Tolima.

Este caso está relacionado con el accionar delictivo del grupo en mención, conformado al parecer por funcionarios públicos de esa entidad además de Cortolima y contratistas, y 12 particulares más, cuyo modus operandi se basaba en el cobro de diferentes sumas de dinero a cambio de direccionar trámites de manera irregular en las dos entidades y que eran gratuitos.

Entre estos se encuentra el trámite de manera fraudulenta de licencias ambientales para beneficiar constructoras sin importarles el daño ambiental en ecosistemas del departamento del Tolima, tal y como ocurrió en este caso.

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Se tiene que el procesado en asocio con el denominado líder del grupo delictivo llamado Luis Carlos López Guevara (procesado por estos hechos) e ingenieros de Cortolima, obtuvieron permisos fraudulentos ambientales de la corporación para adelantar el proyecto urbanístico Villa del Mar en Carmen de Apicalá afectando el ecosistema de la zona.

Precisamente el año pasado, durante el operativo en contra de Los del Instituto, miembros del CTI incautaron la maquinaria que en el lugar estaba siendo usada de manera irregular.

A Manuel Benjamín no le fue impuesta medida de aseguramiento, pero deberá seguir compareciendo al proceso.

Es de recordar que el 17 de diciembre del año pasado una jueza con funciones de control de garantías de Ibagué decidió sobre los 25 detenidos, enviar a la cárcel con medida de aseguramiento preventiva a 5 de ellos, otorgó 11 medidas domiciliarias, 3 no privativas de la libertad y 5 libertades.

Entre las personas privadas de la libertad en la cárcel se encuentra López Guevara, contratista quien conseguía los clientes y hacía los contactos con sus cómplices para el trámite de todo tipo de documentación de acuerdo a las necesidades del solicitante. Fue el único que aceptó todos los delitos imputados.

Y a Mauricio Fernando Mora Bonilla, director territorial del Igac, quien habría abusado de sus funciones dando agilidad a los trámites que de manera especial le presentara Lóoez Guevara.