Consejo de Estado aceptó demanda contra Benedetti en la FAO: "Hay motivo de ilegalidad"

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El Consejo de Estado aceptó el recurso que cuestiona Armando Benedetti. La razón de la demanda es que se violó el principio de legalidad.

El Consejo de Estado aceptó la demanda que un ciudadano identificado como Alejandro Acosta, interpuso contra el recién nombrado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Armando Benedetti.

La razón principal de la demanda es que se violó el principio de legalidad, teniendo en cuenta que el nombramiento de Benedetti lo firmó el canciller Álvaro Leyva cuando ya había sido notificado sobre su suspensión por la Procuraduría, esto por el caso de la licitación de pasaportes.

(Vea también: Demanda busca tumbar nombramiento de Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO)

“Si el ministro, al encontrarse suspendido, carecía de competencia para llevar a cabo el nombramiento, esto constituye un motivo sustancial de ilegalidad.  La suspensión del ministro del ramo al momento de realizar el nombramiento implica una usurpación de funciones públicas. En este contexto, el nombramiento del embajador resulta ilegal debido a que el canciller ya estaba suspendido de sus funciones al realizarlo”, señala la demanda.

(Vea también: El ‘cambio’ que hizo Petro: sacó a Sarabia y Benedetti del Gobierno, y después los retornó)

El recurso también argumenta una falsa motivación en el nombramiento porque “es ampliamente conocido que el nombramiento del señor Armando Alberto Benedetti Villaneda se realizó por motivos personales y no fundamentados en el mérito o las cualificaciones, lo cual representa una clara violación de los principios de moralidad y eficiencia pública, así como de las normativas aplicables en esta materia”.

(Vea también: “Sarabia y Benedetti; ese fue el cambio”: le enrostran a Petro maniobras con su séquito)

Con la demanda se solicitó suspender provisionalmente el nombramiento de Benedetti, teniendo en cuenta que, al expedir un acto sin competencia manifiesta, “se está desconociendo el mandato popular, el principio democrático y las normativas sobre la designación de servidores públicos”, señala el documento.

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