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La representante a la cámara Catherine Juvinao y el senador ‘Jota Pe’ Hernández fueron unos de los que mostraron su molestia con la controversial iniciativa.
Este martes el proyecto que busca reducir los salarios de los congresistas del país terminó con 90 votos a favor, por lo que continúa muy cerca de ser aprobado.
En caso de ser aprobado en los dos debates que le faltan, la reducción de los sueldos comenzaría a ser efectiva para los congresistas que comienzan su periodo en 2026.
(Vea también: A congresistas les estarían regalando bonos para tanquear gasolina: Senado dio versión)
Pero detrás de ello hay una iniciativa que ha causado controversia en las últimas horas, ya que se les permitiría a los senadores ejercer otras actividades al mismo tiempo.
Horas después de que se terminara el debate de este martes, la representante Catherine Juvinao se pronunció en sus redes sociales y mostró su molestia con lo que considera ser un mico del proyecto.
“Muy grave lo que sucedió en el Senado con el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. Hasta que al fin se les dio un caramelo que el Congreso quería como transacción para rebajarse el salario, y era que se les permitiera, siendo congresistas, dedicarse a otras actividades económicas”, dijo Juvinao.
El senador ‘Jota Pe’ Hernández hizo lo propio y, compartiendo las fotos y los nombres de quienes votaron a favor de esa iniciativa, aseguró que ese artículo debe ser eliminado.
De acuerdo con el artículo 180 de la Constitución, los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado como lo están proponiendo en el Senado.
Tampoco podrán gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno.
Otra de las prohibiciones que existen en la Constitución es que no podrán celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste.
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