Condenan a 23 años de cárcel a senador del Centro Democrático; desvió $ 90.000 millones

Nación
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Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2026-03-25 12:28:32

La Corte Suprema de Justicia condenó a Ciro Ramírez por el escándalo de corrupción conocido como ‘las marionetas’.

El congresista del partido Centro Democrático fue hallado culpable de direccionar contratos y desviar millonarios recursos públicos entre 2020 y 2022.

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El alto tribunal declaró culpable a Ramírez de los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, tras encontrar pruebas de su participación en un esquema de direccionamiento ilegal de recursos públicos.

De acuerdo con la sentencia, los hechos investigados ocurrieron entre 2020 y 2022, periodo en el que el congresista habría utilizado su influencia institucional para intervenir en procesos contractuales.

El caso hace referencia a un entramado en el que parlamentarios, asesores y funcionarios territoriales habrían actuado de manera coordinada para asignar contratos a determinados beneficiarios en regiones donde tenían influencia política.

Este esquema, conocido como ‘las marionetas’, puso en evidencia la manera en que se habrían manipulado recursos públicos con fines particulares.

Uno de los puntos más graves del fallo es el monto de los recursos comprometidos. Según la Corte Suprema, Ramírez habría participado en el desvío de cerca de 90.000 millones de pesos destinados a obras públicas en al menos cinco departamentos del país.

La investigación señala que el congresista intervino en procesos relacionados con el Departamento de Prosperidad Social, desde donde se habrían canalizado los recursos para proyectos que terminaron siendo objeto de irregularidades.

El fallo detalla que el direccionamiento de contratos se hacía mediante acuerdos entre actores políticos y funcionarios públicos, quienes facilitaban la adjudicación de obras a determinados contratistas.

Este tipo de prácticas, según la Corte Suprema, vulnera principios fundamentales de la contratación estatal como la transparencia, la selección objetiva y la legalidad en el manejo de los recursos públicos.

El proceso contra Ramírez no es reciente. El congresista ya había estado privado de la libertad en la cárcel La Picota durante un año y cuatro meses mientras avanzaba la investigación.

Sin embargo, en mayo del año pasado, la Sala Especial de Primera Instancia ordenó su libertad al considerar que ya no representaba un riesgo de obstrucción a la justicia.

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