Así puede el Gobierno mover afiliados entre EPS sin consentimiento en Colombia: ojo a las reglas

El Decreto 0182 de 2026 activaría el mayor traslado masivo de afiliados a EPS en el territorio, redefiniendo el mapa del aseguramiento nacional.

En medio de los diferentes avisos de cambio para miles de colombianos, hay un aspecto sobre el posible traslado de afiliados en salud que no pasa desapercibido en el país y que resulta pertinente entender cómo se lleva a cabo.

La configuración del sistema de salud en Colombia ha dado un giro radical este año tras la expedición del Decreto 0182 de 2026. Esta normativa faculta al Ministerio de Salud y Protección Social para ejecutar un reordenamiento masivo de la población asegurada bajo criterios territoriales y poblacionales.

En la práctica, según explicó el diario El Tiempo al analizar los alcances de la medida del Gobierno, esto significa que millones de ciudadanos podrían ser trasladados de su Entidad Promotora de Salud (EPS) sin que medie un consentimiento previo o una decisión individual, una medida que busca redistribuir la carga del aseguramiento en todo el país.

El ajuste redistribuye a 6,5 millones de afiliados, una cifra que no altera el total de 52,3 millones de personas en el sistema, pero que cambia drásticamente la concentración del mercado.

El gran protagonista de esta transición es Nueva EPS, que se consolida como el gigante del sector al absorber a más de 2,6 millones de nuevos usuarios. Este movimiento la sitúa muy por encima de competidores tradicionales como Sura, Salud Total y Sanitas, planteando interrogantes sobre su capacidad administrativa y financiera para garantizar la atención oportuna a tal volumen de población. Todo bajo el marco del Decreto 0182 de 2026.

“El señor presidente de la República [Gustavo Petro] ordenó que se volviera pública la Nueva EPS”, afirmó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en medio de un discurso este jueves 26 de febrero.

En contraste, varias entidades han sufrido recortes masivos en su base de datos. La EPS Sanitas lidera la pérdida en términos absolutos, cediendo más de 1,2 millones de personas y quedando con un saldo negativo neto de 562.639 afiliados, lo que representa una reducción del 9,4% de su población total.

Impactos más drásticos se observan en Asmet Salud, que pierde el 54,7% de sus usuarios, y Coosalud, con una disminución neta de casi un millón de afiliados. Otras entidades como Famisanar (-28,4%) y Emssanar (-21,3%) también registran caídas significativas que comprometen su presencia territorial.

Por otro lado, existen ganadores netos en esta nueva distribución. Mutual Ser incrementó su población en un 15,8 %, superando los 3,1 millones de afiliados. Entidades como S.O.S. y Comfenalco Valle también reportaron crecimientos notables del 40,3 % y 43 %, respectivamente. Mientras tanto, los regímenes de excepción y algunas EPS indígenas como Anaswayuu o Pijaos Salud se mantuvieron sin variaciones, conservando su estructura intacta frente a las nuevas reglas.

Uno de los puntos que más controversia ha causado en el sector salud es que gran parte de estos traslados masivos dirigen a los pacientes hacia EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal.

Entidades como Nueva EPS, Savia Salud, Emssanar y Capresoca, que ya enfrentan medidas especiales de vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud, son las encargadas de recibir a la mayoría de los usuarios.

Gremios y expertos advierten que concentrar a la población en aseguradoras con dificultades operativas previas podría profundizar las barreras de acceso a citas especializadas, cirugías y medicamentos.

El Gobierno defiende la medida como una necesidad para optimizar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y fortalecer la red pública. Sin embargo, el reto para 2026 será demostrar que la red de prestadores puede soportar este cambio de escala sin deteriorar la calidad del servicio.

La trazabilidad de estos traslados y el cumplimiento del principio de planeación serán vigilados de cerca por la Contraloría y la Procuraduría, ante el riesgo de un colapso en la atención en las zonas donde la oferta de aseguradoras se ha visto reducida.