Limpieza total en Minjusticia: De la Espriella pide la renuncia a 10 expertos de comisión asesora

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El Ministerio de Justicia solicitó la renuncia protocolaria a los diez expertos que integran la Comisión Asesora de Política Criminal del país.

Un nuevo remezón institucional sacude las altas esferas del Gobierno Nacional. El Ministerio de Justicia, bajo la dirección del ministro Iván Cancino, le exigió la renuncia protocolaria a los diez integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal, un órgano consultivo e independiente encargado de brindar soporte técnico, científico y empírico en materia penal y penitenciaria en el país.

De acuerdo con la documentación revelada, la instrucción fue emitida a través de una comunicación firmada por la directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria. En la misiva, la Secretaría Técnica de la instancia amparó la solicitud en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, argumentando las facultades potestativas de nominación derivadas del cambio de liderazgo en la cartera ministerial tras la llegada de Cancino.

La decisión deja en el limbo a un cuerpo colegiado integrado por destacados académicos, juristas y defensores de derechos humanos que ejercen sus funciones de manera ad honorem durante periodos de dos años. Entre los perfiles a quienes se les solicitó la dimisión figuran reconocidas figuras del derecho y la criminología como Francisco Bernate, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Orti, Sebastián Machado, Martha Cecilia Abella y Alejandro David Aponte. Hasta el momento, las diez cartas se encuentran sobre el escritorio del ministro y los expertos no han recibido una respuesta formal.

Este sorpresivo movimiento ocurre en un momento coyuntural para la agenda legislativa del Ejecutivo, que actualmente avanza en la estructuración de un nuevo proyecto de ley de sometimiento a la justicia enfocado en grupos armados ilegales. A diferencia de las iniciativas impulsadas en el pasado gobierno —como el fallido intento de la administración anterior bajo la sombrilla de la ‘paz total’—, la nueva propuesta busca endurecer los requisitos y esquivar excarcelaciones masivas o reconocimientos políticos a estructuras criminales organizadas.

La salida fulminante de la cúpula asesora abre interrogantes profundos sobre el talante técnico que tendrán las futuras reformas punitivas del país, encendiendo las alarmas en sectores académicos que advierten sobre el riesgo de prescindir de contrapesos técnicos independientes en la configuración de la política criminal colombiana.