Abren investigación contra Petro por audio de 'Pipe Tulua' sobre presunta plata ilegal en su campaña

La investigación se da luego de que la precandidata presidencial Vicky Dávila publicara el audio en el que 'Tuluá' hace los señalamientos.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro, tras la divulgación de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado cabecilla de la banda delincuencial ‘la inmaculada’, en el que asegura haber aportado dinero a la campaña presidencial de 2022.

La actuación se produjo luego de que la precandidata presidencial Vicky Dávila publicara el audio en el que el hoy extraditado jefe criminal hace los señalamientos sobre la presunta financiación. A partir de esa difusión, la Comisión consideró que existían elementos suficientes para activar su competencia constitucional y legal frente a un posible delito relacionado con campañas electorales.

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De acuerdo con la información conocida, la apertura del proceso se sustenta en las facultades que la Constitución y la ley otorgan a la Comisión de Acusación para indagar penalmente al presidente de la República cuando surgen señalamientos que podrían comprometer su responsabilidad en hechos punibles ocurridos antes o durante el ejercicio del cargo.

El documento indica que, conforme a la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992, la instancia legislativa debe iniciar una investigación penal de oficio por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

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En el mismo texto, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, solicitó al secretario de la Comisión, Jairo Corzo, asignar un número de radicado a la investigación con el fin de dar trámite formal a la apertura del proceso y avanzar en las actuaciones previstas por la ley.

Los señalamientos que dieron origen a la investigación se conocieron el mismo día en que Andrés Felipe Marín Silva fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un proceso ante una corte federal. La extradición se llevó a cabo por orden directa del presidente Petro y contó con un amplio dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Nacional, con apoyo de la Dijín, que dispuso decenas de funcionarios, vehículos blindados y acompañamiento aéreo hasta la Base Aérea de Catam, en Bogotá.