Senado debate proyecto que fija cierre definitivo de la JEP en 2028 y traslada casos a la justicia ordinaria

El reciente avance del proyecto que propone la culminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028 ha generado intensos debates en el Senado. La iniciativa, impulsada por el senador Enrique Gómez del partido Salvación Nacional, logró superar su primer debate con diez votos favorables. Una situación particular se presentó durante esta sesión, ya que los congresistas que se oponen al gobierno de Abelardo de la Espriella optaron por abandonar la sala, lo que permitió que el trámite avanzara sin mayores obstáculos, según lo detalla El Espectador.

Este proyecto busca modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, estableciendo que el tiempo máximo de funcionamiento de la JEP debe ser de diez años, contados desde la puesta en marcha de todas sus salas y secciones. Gómez argumenta que, al volver a la fecha inicial de cierre, los casos en curso serán competencia de la justicia ordinaria, aunque bajo las garantías establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016.

La JEP ha manifestado su preocupación por las posibles consecuencias de una reducción en el periodo de funcionamiento. El tribunal sostuvo que un cierre definitivo e improrrogable podría atentar contra los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Además, advierte que enviar los procesos a la justicia ordinaria alteraría el principio constitucional del juez natural y pondría en riesgo el modelo de justicia transicional ideado específicamente para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, como lo señala directamente la institución citada por El Espectador.

El panorama se complica más por los debates recientes sobre la reducción de recursos para las entidades surgidas tras el Acuerdo de Paz, como expone el propio Gómez al proponer un recorte de COP 100.000 millones al presupuesto de la JEP en el documento presentado a las comisiones del Congreso. Por otro lado, propuestas de senadores como María Claudia Posada, del Centro Democrático, introducen reglas para la revisión de sentencias por la Corte Suprema de Justicia y le otorgan un papel clave a esa corte para conocer de las acciones tutela contra decisiones de la JEP.

Este proyecto aún debe someterse a ocho debates entre Cámara y Senado, una primera vuelta con mayoría simple y una segunda que requerirá mayoría absoluta. Por su complejidad y el impacto que puede tener en la justicia y la paz en Colombia, la discusión promete mantenerse en la agenda pública mientras avanza en el Congreso.

¿Qué plantea el proyecto sobre la fecha de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz?

El proyecto presentado por el senador Enrique Gómez propone que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culmine sus funciones en un periodo improrrogable de diez años, contados a partir de la entrada en funcionamiento de todas sus salas y secciones, lo que significa que la JEP deberá cesar actividades en marzo de 2028 si avanza el trámite legislativo como está diseñado.

¿Qué argumentos mencionan opositores y defensores sobre el traslado de procesos de la JEP a la justicia ordinaria?

De acuerdo con información de El Espectador, quienes defienden el proyecto aseguran que la JEP no ha alcanzado justicia y ha generado impunidad, mientras que el tribunal mismo advierte que este traslado a la justicia ordinaria podría afectar derechos fundamentales de las víctimas y desmantelar el modelo especial de justicia creado para el conflicto armado, lo que profundiza el desacuerdo entre los sectores políticos sobre el futuro del tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.