Empeora panorama en Colombia de poderosa empresa gringa que habría dado plata a criminales

Después de 27 años de los hechos, avanza en un tribunal de Estados Unidos el juicio contra la empresa bananera Chiquita Brands, que estuvo en Urabá (Antioquia), a través de la empresa Banadex y que es investigada por, aparentemente, financiar grupos paramilitares que causaron más de 4.000 víctimas en Colombia.

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La investigación sobre la multinacional bananera da cuenta de que habría financiado, entre los años 1997 y 2004, a las denominadas convivir, con más de 100 pagos que sumaron 1,7 millones de dólares, lo que finalmente llegó a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, destacó que la justicia norteamericana ha avanzado en este caso, teniendo en cuenta que primero impuso una multa de 25 millones de dólares en el 2007, pero lamentó que ese dinero quedara en Estados Unidos, mientras que las víctimas están en Colombia.

“La multinacional estuvo en Colombia, en Urabá, a través de la empresa Banadex y que financió grupos paramilitares que causaron más de 4.000 víctimas en Colombia. La justicia norteamericana ha avanzado. Primero impuso una multa de 25 millones de dólares a esa empresa, pero ese dinero quedó en Estados Unidos y las víctimas están en Colombia”, indicó Vega.

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Durante el proceso, también darán sus declaraciones Salvatore Mancuso, quien había indicado con antelación que la multinacional pagaba por cada caja de banano exportada 3 centavos de dólar. También se escucharán las versiones de alias ‘Mono Leche’ y alias ‘Pedro Bonito’.

“En Colombia, las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo, sobre todo en esa región, la región de Urabá, gozan de impunidad. Ninguno de los tribunales existentes, ni Justicia Ordinaria, ni la JEP, ni Justicia y Paz, ni ha impartido justicia, ni han encontrado la verdad. Esperamos que la justicia colombiana, de manera pronta, decida sobre esos temas”, agregó el abogado.

Desde la entidad, como representantes de las víctimas, pidieron a la justicia colombiana que tome decisiones sobre este caso, ubique las responsabilidades e imponga las sanciones que se requieren.

El juicio se prolongará por un mes y fueron escogidos 10 magistrados para llevar a cabo la diligencia.