Desplazamiento masivo y crisis humanitaria en Catatumbo: la violencia obliga a familias a huir de nuevo

El conflicto armado en la región del Catatumbo se ha agravado en los últimos días, con consecuencias devastadoras para la población civil. Los enfrentamientos recientes entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han dejado tras de sí no solo destrucción material, sino también un drástico aumento en los desplazamientos, según constató la Comisión Humanitaria del Catatumbo. Esta comisión está conformada por la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia y la Iglesia católica, y recorrió los días 6 y 7 de enero los corregimientos de Versalles y Pacelli, en Tibú, así como Filo Gringo, en el municipio de El Tarra.

El principal objetivo de su visita fue verificar la situación de los derechos humanos de los habitantes de estas zonas, escuchar sus testimonios y necesidades, y facilitar la entrega de ayuda humanitaria por parte de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según informó la Defensoría del Pueblo. Las evidencias recogidas durante esta misión confirman que la violencia ha profundizado la crisis humanitaria, forzando a numerosos residentes a abandonar sus propiedades e instalarse temporalmente en albergues.

En el corregimiento de Filo Gringo, controlado mayoritariamente por el ELN y escenario de fuertes contraofensivas del Frente 33, la situación se ha vuelto insostenible. La Defensoría reportó que a raíz de los combates, gran parte del territorio ahora permanece deshabitado, pues los enfrentamientos resultaron en un desplazamiento masivo de familias. Esta crisis desplaza por segunda vez a muchas familias, puesto que algunas ya habían regresado a sus tierras tras la emergencia vivida hace un año, solo para verse forzadas nuevamente a huir.

Tras visitar también la cabecera urbana de El Tarra y constatar las condiciones en los albergues, la Comisión hizo un llamado urgente al Estado para implementar medidas que protejan a las comunidades, garanticen sus derechos y aseguren el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, tal como lo reiteró la Defensoría en su comunicación oficial.

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó sobre el empeoramiento de la crisis desde noviembre pasado en El Tarra. A través de una comunicación emitida el 6 de enero, OCHA indicó que más de 65 familias, equivalentes a unas 800 personas, se han visto obligadas a salir de Filo Gringo, mientras 230 hogares permanecen confinados, sin posibilidades de salir ni recibir asistencia básica. Algunas familias buscaron refugio tanto en la cabecera municipal como en albergues improvisados, mientras que otras permanecen atrapadas sin acceso a ayuda humanitaria ni garantías de seguridad para la misión médica.

Ante este panorama, organismos nacionales e internacionales han solicitado la apertura urgente de un corredor humanitario que brinde paso seguro a los afectados y permita la asistencia de los heridos. La falta de garantías de seguridad evidencia el acelerado deterioro de las condiciones en la zona, imponiendo nuevos desafíos para la protección de la vida y los derechos fundamentales en el Catatumbo.

¿Qué organismos conformaron la comisión que realizó la verificación en Catatumbo?
La Comisión Humanitaria encargada de la verificación en la región del Catatumbo está integrada por la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia y representantes de la Iglesia católica. El trabajo conjunto de estas entidades busca responder de forma inmediata a la crisis humanitaria y recopilar información precisa sobre la situación que enfrentan las familias afectadas. Su labor toma relevancia ante el escalamiento de la violencia y la necesidad de atención y protección para quienes han resultado desplazados o confinados por los enfrentamientos armados en la zona.