Ataques armados y ofensiva del gobierno reavivan el debate sobre seguridad y derechos civiles en Catatumbo y el norte del país
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioLas acciones lideradas por el gobierno de Abelardo de la Espriella intensificaron la confrontación y elevaron las tensiones en zonas rurales del noreste de Colombia.
La región del Catatumbo volvió a situarse en el epicentro del debate nacional sobre seguridad tras una noche de violencia marcada por dos ataques armados en diferentes puntos y el saldo trágico de tres militares muertos y seis heridos. De acuerdo con El Espectador, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fue responsable de los atentados con drones contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen. Esta escalada ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno de Abelardo de la Espriella por frenar el avance del conflicto hacia municipios del sur del Cesar, en un contexto donde la administración ha endurecido su estrategia: más acciones ofensivas, persecución a cabecillas criminales y el anuncio presidencial de lograr la paz o la seguridad, si es necesario, por la vía armada.
La respuesta oficial no tardó. De acuerdo con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se reorganizó la campaña Esparta, bloqueando corredores usados por grupos armados y articulando inteligencia y judicialización. Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, advirtió en El Espectador que la ofensiva puede deteriorar el vínculo con las comunidades si no se anticipan represalias, recordando los riesgos de aumentar la presión militar sin protección civil sostenida.
La muerte de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, comandante crucial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), refleja otra faceta de la estrategia gubernamental. Este golpe se suma al dado en agosto al jefe disidente alias “El Ruso”. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las ACSN, aunque menos numerosas que otros grupos, consolidaron en los últimos años una estructura criminal y de control territorial fuerte en Magdalena, Cesar y La Guajira, fundamentada en extorsión y gobernanza ilegal. Sin embargo, la FIP y expertos como Lerber Dimas apuntan a que atacar militarmente su cúpula no basta para deshabilitar el control y que podría abrirse una nueva disputa interna, perpetuando la violencia contra las comunidades.
Las operaciones aéreas del gobierno también desataron controversias. Según Medicina Legal, seis menores fallecieron en bombardeos recientes, reavivando el debate sobre el reclutamiento infantil y el uso de la fuerza. Dos jueces han ordenado suspender bombardeos en zonas con presencia de niños reclutados. La defensora del Pueblo, Iris Marín, recalcó la importancia de no deshumanizar al adversario ni hacer de la muerte un espectáculo público. De acuerdo con El Espectador, insistió en que el Estado debe proteger derechos y no reducir la seguridad a cifras de bajas. Finalmente, el desafío para el gobierno sigue siendo evitar que el control estatal desaparezca tras los operativos y que la seguridad se asiente no sólo en la fuerza, sino en la garantía de derechos y la presencia institucional real.
¿Qué impacto real tiene la muerte de cabecillas de organizaciones armadas como ‘Bendito Menor’ en la seguridad territorial?
La eliminación de líderes de grupos armados suele medir el éxito inmediato de la estrategia militar, como sucedió con la muerte de ‘Bendito Menor’. Sin embargo, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y expertos citados por El Espectador, estos golpes no garantizan por sí solos la desarticulación de las organizaciones ni el retorno seguro del Estado, ya que pueden provocar reacomodamientos internos y nuevas disputas violentas.
¿Por qué ha sido polémico el uso de bombardeos en zonas de reclutamiento infantil en Colombia?
El debate surge porque, de acuerdo con Medicina Legal y reportes de El Espectador, seis menores han muerto durante ataques aéreos en los primeros meses de gestión de Abelardo de la Espriella. Esto ha llevado a decisiones judiciales que prohíben temporalmente bombardeos en áreas donde se sospecha la presencia de niños reclutados, resaltando la demanda de priorizar la protección de la infancia en el conflicto armado.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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