Sale a la luz cifra que preocupa en caso de empresario Gustavo Aponte; dato refuerza hipótesis

El asesinato del empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, ocurrido el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, encendió las alarmas de los investigadores del caso por una tendencia preocupante.

(Vea también: Salen a la luz hipótesis y pistas sobre el crimen de Gustavo Aponte, dueño de Arroz Sonora)

De acuerdo con la versión que dio un investigador a El Tiempo, al menos cinco empresarios vinculados al cultivo de arroz han sido asesinados a tiros en el país desde 2023.

El ataque contra Aponte, perpetrado por sicarios cuando salía de un gimnasio junto a su escolta, evidenció un plan criminal coordinado, con seguimientos previos a sus rutinas y participación de una estructura delictiva organizada.

Investigadores analizan varias hipótesis para identificar a los responsables, pero la que más cobra fuerza es la de posibles extorsiones. Aunque por otro lado, también se estudian disputas económicas y conexiones con redes criminales.

¿Quiénes eran los cinco arroceros asesinados en Colombia desde 2023?

De acuerdo con el citado medio, en los últimos tres años se documentan otros homicidios de empresarios del sector arrocero, lo que refuerza la hipótesis de una violencia focalizada contra el gremio. Entre las víctimas aparecen:

• Campo Elías Urrutia, productor asesinado en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, departamento de Casanare, quien además integraba la junta directiva de Fedearroz.

• Carlos Yorelmy Duarte Díaz, baleado en 2024 en un restaurante cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá; en su caso aparecen investigaciones por presuntos vínculos con narcotráfico.

• Mario Patiño, asesinado junto a su hijo en Armenia en 2024.

• Álvaro Londoño Restrepo y su esposa Zaida Restrepo, productores atacados en Meta en diciembre de 2023.

• Y ahora Gustavo Aponte, cuyo homicidio se suma a la lista que inquieta a las autoridades.

Investigadores también examinan denuncias del gremio sobre exigencias de pagos extorsivos por hectárea sembrada, así como la posible infiltración de organizaciones criminales que utilizan el negocio del arroz para actividades ilícitas, incluidas rutas de narcotráfico.

Además, se revisan expedientes judiciales relacionados con el entorno empresarial y financiero de las víctimas, con el objetivo de establecer si existe un patrón común detrás de los ataques o si cada crimen responde a motivaciones distintas.

El homicidio de Aponte no solo dejó una familia en busca de respuestas, sino que reavivó el temor en el sector agrícola, donde crece la preocupación por la seguridad de los productores y la presencia de estructuras criminales en zonas de cultivo de distintas regiones del país.