Cárcel a policía acusada de inducir jóvenes a prostituirse en centro histórico de Cartagena

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía presentó a Berta Ramírez Torres y a la patrullera de la Policía Nacional Daniela Echeverry Gómez, por su presunta participación en una red dedicada a inducir a jóvenes del centro histórico de Cartagena a la prostitución. Contra ambas mujeres se dictó prisión preventiva en un centro carcelario.

La evidencia recogida por el ente investigador a través de agentes encubiertos, líneas interceptadas, declaraciones de víctimas, registros de cámaras del sector y otras actividades investigativas, logró afirmar que las dos mujeres, aparentemente, captaban a jóvenes vulnerables y las inducían para que hicieran parte de una red de prostitución en el sector de la Torre del Reloj y otros lugares del centro histórico de la ciudad.

La Fiscalía logró establecer que Ramírez Torres sería la principal articuladora de la red de prostitución. La mujer habría usado como fachada las ventas de paquetes turísticos y masajes para entregar a turistas un catálogo de mujeres que eran contactadas para que cumplieran con servicios sexuales. Por esto, la mujer obtenía una comisión que llegaba a los $ 200.000 por cada víctima.

La Fiscalía también informó que se logró recuperar a tres víctimas, una de ellas la propia hija de Ramírez Torres, quien habría sido explotada sexual y comercialmente por su madre junto con dos jóvenes quienes provenían de Venezuela y fueron captadas por esta red de prostitución.

Sobre el caso de la patrullera Daniela Echeverry Gómez, la Fiscalía logró establecer que la uniformada habría captado a integrantes de la Policía para que hicieran parte de la red de prostitución ejerciendo actividades de carácter sexual con los turistas del centro histórico. Además, se estableció que los dineros obtenidos producto de la actividad ilegal eran repartidos con Bertha Ramírez Torres.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución. Sumado a que las imputadas no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías las envió a prisión de manera preventiva mientras el caso avanza en los estrados judiciales.