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Surge problema para familias de las 17 personas fallecidas en el accidente de bus en Antioquia
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La medida de aseguramiento en centro carcelario la ordenó un juez de control de garantías de Yopal, ciudad donde ocurrieron los hechos, el pasado 14 de febrero.
El juez acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que aseguró que la mujer venezolana “presuntamente fue contactada por redes sociales y mensajes de texto”.
El día en que se habría cometido el ilícito, cuando la niña apenas tenía tres días de nacida, un hombre llegó al centro médico donde estaba la mujer y se registró como si fuera el padre de la menor de edad, sin serlo, informó la Fiscalía en un comunicado.
El hombre llegó hasta la habitación donde estaba la mujer con su recién nacida, en un centro asistencial de la capital de Casanare, y le habría entregado 500.000 pesos, conocieron los investigadores del ente acusador.
Pero, según la misma investigación, la supuesta entrega del dinero tenía una condición: el compromiso de que el hombre le daría los otros 500.000 pesos a la mujer cuando ella firmara un permiso para poder sacar a la niña del país.
“La madre fue dada de alta y regresó sin la bebé al inmueble en el que vivía”, sostiene la Fiscalía en su comunicado. “Ante las preguntas de los vecinos, respondió que la menor había muerto”.
La terrible explicación que dio la mujer no convenció a quienes le preguntaron por su bebé, por lo que denunciaron a la madre ante las autoridades.
El caso lo abocaron la Fiscalía y el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, cuyos investigadores pusieron en evidencia el engaño.
“La niña fue ubicada y entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Por su parte, la mujer y el hombre que presuntamente pagó por la niña fueron capturados”, precisa el despacho oficial.
Por el caso, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Casanare imputó a la madre el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes con circunstancias de marginalidad y pobreza extrema. El cargo fue aceptado por la mujer.
Al hombre se le imputaron los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes; obtención de documento público falso, y supresión, alteración o suposición del estado civil.
En este caso, el imputado no aceptó los cargos. Pero, en todo caso, también fue enviado a la cárcel.
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