Revuelo en la Unidad de Víctimas: salidas y ascensos exprés agitan la entidad antes de la ley de garantías

En medio de un periodo de inestabilidad institucional y a tan solo unas horas de la entrada en vigor de la ley de garantías, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas llevó a cabo seis cambios significativos en puestos directivos y de asesoría de alto nivel. Esta serie de movimientos se dio en el contexto de la reciente salida de Adith Romero, quien fue retirado del cargo de director por decisión presidencial, según información recogida por El Espectador y Colombia+20. El trasfondo de estas salidas está marcado no solo por la reconfiguración habitual ante el inicio de restricciones de contratación preelectoral, sino también por presuntas tensiones políticas y cuestionamientos sobre el manejo administativo de la entidad.

De acuerdo con la Resolución 0062 emitida el 26 de enero de 2026, la Unidad aceptó la renuncia de directores técnicos y asesores estratégicos en áreas clave, como Sergio Andrés Agón Martínez, Mónica Katerine Gómez Jiménez, Erick Fabián Agudelo Mendieta, Alexander Alvarado Paternina, Jesús Miguel García Castillejo y Marta Rodríguez Sánchez. Sin embargo, al revisar registros oficiales, se evidenció que varios de estos funcionarios no abandonaron del todo la entidad. Por el contrario, sus hojas de vida fueron subidas de nuevo al portal oficial de aspirantes a la Presidencia poco después, ahora postulándose a cargos de mayor rango, lo que sugiere un proceso de rotación y reacomodo internos planificado.

Fuentes internas citadas por Colombia+20 indican que este grupo de funcionarios es cercano tanto a Romero como a los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno, figuras señaladas de influir considerablemente en las decisiones de la entidad. Casos como el de Mónica Katerine Gómez Jiménez, quien tras renunciar reaparece postulada a un cargo más alto dentro de la propia Unidad, ejemplifican cómo los cambios podrían permitir el mantenimiento y ascenso de perfiles afines en áreas críticas.

Este patrón también se repite en el caso de Jesús Miguel García Castillejo y de Erik Fabián Agudelo Mendieta, evidenciando una lógica de continuidad administrativa pese al remezón interno. Los movimientos se produjeron tras la declaratoria de insubsistencia de Romero, un hecho que reavivó denuncias sobre presiones políticas y el uso de recursos destinados a las víctimas, según revelaciones recientes.

La gravedad de la situación no pasó desapercibida para los principales organismos de control del país. La Corte Constitucional, mediante su Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, advirtió públicamente que la inestabilidad en la dirección de la Unidad representa un riesgo serio para el cumplimiento de los derechos de la población desplazada y dificulta la superación del estado de cosas inconstitucional vigente en relación con las víctimas del conflicto armado. El tribunal expresó su preocupación ante la reiterada rotación de directores y el posible debilitamiento de la confianza y la capacidad institucional, especialmente en zonas humanitariamente críticas como el Catatumbo.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo también solicitó al Gobierno explicaciones sobre las denuncias de presuntas irregularidades y exigió transparencia en la gestión de una entidad que maneja recursos sociales vitales. No obstante, pese a los cuestionamientos y la solicitud de información dirigida al exdirector Romero por parte de Colombia+20, la Unidad respondió únicamente a través de un comunicado en el que niega todos los señalamientos y defiende los logros gubernamentales en materia de atención e indemnización a víctimas, sin aportar prueba alguna sobre las denuncias específicas.

Finalmente, este episodio se inscribe en una tendencia más amplia de cambios ejecutivos y rotaciones internas denunciadas en otras áreas del gobierno, como el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Cancillería, instancias que también han atravesado relevos y movimientos en puestos clave justo antes del inicio de la ley de garantías.

¿Qué es la ley de garantías y por qué es relevante en este contexto?

La ley de garantías electorales es una normativa vigente en Colombia que impone restricciones a la contratación y el manejo de recursos públicos durante los periodos preelectorales. Su propósito es evitar que el aparato estatal y el presupuesto sean utilizados para fines proselitistas o que favorezcan a determinados partidos o candidatos en el marco de procesos electorales.

En consecuencia, la cercanía del inicio de este periodo regulado explica, en parte, los movimientos acelerados y la rotación de funcionarios en entidades gubernamentales estratégicas, como la Unidad para las Víctimas. Estos cambios buscan posicionar a personas clave antes de que la norma entre en vigor y limite las facultades para designar personal y ejecutar contratos, lo cual puede impactar directamente en la ejecución de políticas públicas y en la transparencia institucional.