¿Es posible que se caiga la posesión de De la Espriella? Expertos analizan posibles escenarios

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

Un tribunal admitió una acción popular que exige frenar el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial hasta presentar soportes documentales.

La ceremonia de investidura presidencial programada para el próximo siete de agosto de 2026 enfrenta un nuevo y espinoso obstáculo jurídico. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio formal una acción popular interpuesta por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, la cual está dirigida contra el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes y las mesas directivas encargadas de ejecutar el traslado de sede hacia la ciudad de Cali.

El recurso legal advierte sobre graves amenazas a derechos colectivos fundamentales, tales como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y la legalidad del gasto. No obstante, el accionante aclara en el texto que su pretensión principal “no pretende suspender el acto constitucional de posesión presidencial ni sustituir las competencias propias del Congreso de la República”, sino “evitar que el traslado excepcional de la sede del Congreso se ejecute sin soporte documental, presupuestal, jurídico, logístico y de seguridad suficiente”.

Dentro de las peticiones centrales, la medida cautelar principal exige la “suspensión provisional de los efectos y ejecución material de las decisiones, acuerdos y actuaciones del Senado y de la Cámara que aprobaron el traslado de sede”, condicionando su continuidad a que las autoridades acrediten de manera completa, pública y verificable el texto exacto del acuerdo, las proposiciones aprobadas, las actas de sesión, los estudios presupuestales comparativos entre Bogotá, Cauca y Cali, y los planes integrales de seguridad, movilidad y protección para congresistas, prensa y ciudadanía.

Ante este panorama, el debate sobre la eficacia y los tiempos de la medida ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. Durante las discusiones emitidas en espacios informativos como Blu Radio, la panelista Sofía Araújo señaló que, aunque la demanda cumple con los requisitos legales para su admisión, en la práctica “se pacta entre las partes un acuerdo o se termina en una sentencia anticipada, es cierto que es más rápido, pero ya el Congreso habrá sesionado; no hay nada más que decir”.

En la misma línea, el panelista Aurelio Suárez indicó que las autoridades deberán justificar la inexistencia de riesgos operativos, pero advirtió que “esto que pueda salir lo veo con dificultad por el mismo trámite que tiene”, anticipando que los plazos de la justicia contenciosa difícilmente lograrán frenar la ejecución logística del evento presidencial.