Buscan a abogada colombiana y a expolicía que alertaron a capos de la incautación de narcofortuna

Una reunión en un centro comercial, presuntos pagos a funcionarios y la transferencia por más de $22.000 millones hacen parte de la investigación.

Una supuesta filtración de información reservada de la Fiscalía habría puesto en alerta a una poderosa organización dedicada al narcotráfico y habría desencadenado una operación para ocultar o transferir bienes valorados en más de $22.000 millones, según información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

El caso, que también fue mencionado públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, involucra a varios presuntos integrantes de la estructura conocida como ‘los del Dorado’, señalada de manejar laboratorios para el procesamiento de cocaína en Puerto Triunfo, Antioquia.

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La investigación habría permitido identificar no solo el patrimonio de los señalados narcotraficantes, sino también a una abogada y a un exintegrante de la Policía que presuntamente habrían facilitado información sobre el proceso judicial.

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió en junio de 2025, cuando tres presuntos cabecillas de la organización se reunieron en un exclusivo centro comercial de El Poblado, en Medellín.

Según los testimonios incorporados al expediente y conocidos por El Tiempo, durante el encuentro los asistentes habrían escuchado un audio en el que aparecían los nombres de varios integrantes de la organización que estarían bajo la lupa de la Fiscalía.

Uno de los nombres mencionados habría sido Olfer Rodríguez Vanegas, alias Olfer, junto con otros miembros de la estructura.

La información habría sido suficiente para que los integrantes de la organización entendieran que estaban siendo investigados y comenzaran a tomar medidas para evitar que sus propiedades fueran identificadas y posteriormente afectadas con medidas de extinción de dominio.

¿Quiénes serían los líderes de ‘los del Dorado’?

La investigación relaciona la fortuna y las operaciones de la estructura con cinco hombres:

• Edilson Palacio Orjuela, alias ‘Calvo’, señalado como uno de los principales líderes.
• Olfer Rodríguez Vanegas, alias ‘Olfer’.
• Orlay Sánchez Rojas, alias ‘Negrito’.
• Jesús María Daza Cifuentes, alias ‘Mono Chucho’.
• Eisar Yulian Monsalve González, alias ‘Yulian’.

Este último habría tenido un papel determinante en la filtración de información que terminó alertando a los investigadores.

En agosto de 2025, el abogado de ‘Yulian’ presentó un derecho de petición ante la Fiscalía en el que solicitaba que no se emitieran órdenes de captura ni se realizaran allanamientos contra su representado.

El documento, según la investigación periodística, habría permitido confirmar que la estructura tenía conocimiento anticipado de la investigación. ‘Yulian’, sin embargo, habría conseguido escapar y actualmente permanece prófugo.

El expediente también contiene declaraciones de algunos de los propios integrantes de la organización, quienes habrían hablado con las autoridades en medio de la búsqueda de un preacuerdo.

Según esos testimonios, ‘Yulian’ les habría mostrado audios atribuidos a una abogada que aseguraba tener contactos dentro de la Fiscalía y advertía que las capturas eran inminentes.

En una de las declaraciones citadas por el medio mencionado, uno de los señalados contó que la mujer habría hablado de entregar dinero a un investigador para retrasar las actuaciones judiciales.

La misma persona habría asegurado que en uno de los documentos aparecían varios nombres de integrantes de la organización, entre ellos ‘Olfer’, ‘Yulian’, ‘Mono Chucho’ y ‘Calvo’, además de otros señalados.

La investigación también apunta a un supuesto contacto dentro de la Policía. Según las declaraciones entregadas por los integrantes de la organización, un exfuncionario de la Policía les habría ofrecido acceso a información de la investigación a cambio de $ 12 millones.

Incluso, alias ‘Calvo’ habría manifestado que recibió una memoria USB con información relacionada con el operativo que las autoridades preparaban contra la organización.

Los investigadores ya habrían identificado tanto a la abogada como al expolicía señalados de facilitar la información. Ambos se convirtieron en nuevos objetivos dentro de la investigación de inteligencia.

De acuerdo con el expediente citado por El Tiempo, la organización habría obtenido pasta base de coca en Nariño, que posteriormente era trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en el sector de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia.

Una vez procesada, la droga habría sido movilizada hacia la costa Caribe utilizando vehículos destinados al transporte de ganado y materiales de construcción. Desde allí, la cocaína presuntamente era enviada por vía marítima hacia Estados Unidos y Centroamérica.

Los investigadores también establecieron que los laboratorios se encontraban en una zona de influencia del ‘Clan del Golfo’.

El expediente señala una relación con Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, quien habría ejercido control sobre esa zona antes de morir en un operativo de las Fuerzas Militares en febrero de 2025. Según la investigación, integrantes de ‘los del Dorado’ le habrían entregado dinero para conseguir autorización de ingreso a determinados sectores, garantizar la seguridad de los laboratorios y facilitar el movimiento de la cocaína.

Un investigador citado aseguró que los pagos se habrían realizado principalmente en efectivo y, en algunos casos, mediante la entrega de vehículos de alta gama y otros bienes.

Las interceptaciones telefónicas también permitieron rastrear algunas de las operaciones realizadas por los integrantes de la organización. Uno de los casos mencionados se remonta a febrero de 2020, cuando fueron incautados 736 kilos de cocaína que eran transportados en un camión que salía de Puerto Triunfo.

Tras la pérdida de la mercancía, según la investigación, se habría generado una deuda dentro de la estructura. Como parte de ese movimiento, alias ‘Negrito’ habría terminado transfiriendo una estación de servicio ubicada en Florencia, Caquetá.

El inmueble, construido sobre un terreno de más de 2.000 metros cuadrados, tendría actualmente un valor comercial cercano a los $4.000 millones, aunque la transacción reportada habría sido por apenas $156 millones. La estación de servicio terminó incluida entre los bienes afectados por las medidas de las autoridades.

Durante aproximadamente 13 meses, investigadores rastrearon los movimientos patrimoniales de los integrantes de la organización. Como resultado, fueron identificados 44 bienes ubicados en Antioquia, Boyacá, Santander y Caquetá, según lo informado por el alcalde Federico Gutiérrez y la investigación.

Entre las propiedades relacionadas con alias ‘Calvo’ aparecen una vivienda en Puerto Boyacá y dos locales del edificio Velásquez. Estos últimos habrían sido transferidos a un tercero aproximadamente un mes después de la captura del señalado cabecilla.

También figura un apartamento de 156 metros cuadrados, ubicado en el piso 13 del edificio Santorini, en Envigado, cuyo valor comercial estaría alrededor de $1.200 millones.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que ‘Calvo’ aparecía registrado en el Sisbén dentro del rango de pobreza extrema, mientras habría realizado viajes internacionales a España, República Dominicana, Panamá, Ecuador y México.

El patrimonio rastreado no se concentraba únicamente en ‘Calvo’. A alias ‘Olfer’ le fueron afectados una vivienda en Puerto Boyacá, siete lotes en la vereda Sacamujeres y otro predio de aproximadamente una hectárea en la hacienda Sortilegio.

También aparecen dos apartamentos: uno ubicado en el centro de Puerto Boyacá y otro en el barrio Laureles de Medellín, este último con un valor comercial cercano a los $900 millones.

En el caso de alias ‘Negrito’, las autoridades afectaron un terreno de aproximadamente 39 hectáreas en La Montañita, Caquetá, además de otros predios, entre ellos ‘El Besubio’, ‘La Aurora’ —de unas 103 hectáreas— y ‘Los Laures’, en El Paujil.

Por su parte, a alias ‘Yulian’ le aparecen relacionados lotes ubicados en el sector de Doradal, Antioquia. En cuanto a alias ‘Mono Chucho’, fueron afectados un lote en Sonsón, Antioquia, y dos grandes predios en Cimitarra, Santander.

Uno de ellos, denominado ‘La Albania’, tendría una extensión de 128 hectáreas y un valor comercial estimado de $1.925 millones. También figura la finca ‘La Venada’, de 102 hectáreas, cuyo valor comercial rondaría los $2.477 millones. Además, en Medellín fue afectado el Grupo Empresarial S&G SAS, relacionado con alias ‘Negrito’ y dedicado a actividades inmobiliarias.

SAE: bienes pasarán a cumplir otra función

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) también participó en el proceso de extinción de dominio. Diana Patricia Bravo, presidenta de la entidad, aseguró a la Unidad Investigativa de El Tiempo que los bienes afectados en este tipo de operaciones deben dejar de estar vinculados a las economías ilegales y pasar a cumplir una función en beneficio de la sociedad y del Estado.

La funcionaria también hizo énfasis en la necesidad de mantener una gestión transparente de los activos y combatir cualquier forma de corrupción relacionada con su administración.

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El caso de ‘los del Dorado’ no solo busca establecer cómo funcionaba la organización para producir y distribuir cocaína y ocultar su patrimonio. La investigación ahora tiene otro frente: determinar cómo información reservada de una investigación criminal habría llegado a manos de los señalados narcotraficantes.

Las autoridades ya tendrían identificados a los presuntos intermediarios que habrían facilitado esa información: una abogada que decía tener contactos dentro de la Fiscalía y un exintegrante de la Policía que, según los testimonios recopilados, habría entregado información a cambio de dinero.

Así, el expediente reúne dos investigaciones paralelas: por un lado, el patrimonio y las operaciones de la estructura de ‘los del Dorado’; y por otro, la posible red de corrupción que habría intentado anticiparse a los operativos judiciales.