Comerciantes habrían sido extorsionados por funcionarios para que no les cerraran negocios

La Procuraduría ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios funcionarios públicos de Bogotá por presuntas actividades de extorsión dirigidas a comerciantes y ciudadanos de las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

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Según las denuncias, estos servidores habrían exigido pagos a cambio de no cerrar establecimientos comerciales y permitir la continuidad de remodelaciones sin los permisos adecuados.

Las acusaciones indican que los funcionarios locales habrían solicitado sumas de dinero a comerciantes para evitar el cierre de sus negocios, una medida que usualmente se implementa por incumplimiento de normativas urbanísticas o de seguridad.

Además, se investiga si estos mismos funcionarios habrían visitado residencias en proceso de remodelación, exigiendo los permisos correspondientes y amenazando con sellar las obras si no se realizaban pagos indebidos.

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Ante la gravedad de estas denuncias, la Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para determinar la veracidad de los hechos y tomar las acciones disciplinarias pertinentes.

El objetivo es esclarecer si hubo abuso de poder por parte de los funcionarios implicados y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.