Ataque al juez Sebastián Mora en Cali reabre debate sobre amenazas y desprotección en la justicia colombiana

El reciente ataque contra el juez Sebastián Evelio Mora Cuesta en Cali constituye un episodio que ilustra una problemática sistemática: la violencia recurrente contra integrantes del poder judicial en Colombia. A pesar de que la investigación oficial explora varias hipótesis — incluyendo una posible represalia por su actuar judicial o un intento de robo —, el contexto revela una tendencia de amenazas, atentados y asesinatos dirigidos a servidores públicos encargados de resolver casos sensibles. Según el último reporte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, 2024), más de 60 agresiones y amenazas contra la rama judicial se han documentado en el país entre 2021 y 2024, afectando especialmente a jueces que conocen procesos relacionados con tierra, corrupción u organizaciones criminales.

Este fenómeno se da con especial intensidad en regiones donde las economías ilegales y la presión de grupos armados marcan el devenir de la vida ciudadana. De acuerdo con la FLIP, los métodos de intimidación varían desde el señalamiento público hasta la violencia física más directa, lo cual ha provocado que la percepción de inseguridad y vulnerabilidad entre jueces y magistrados aumente de manera preocupante. El caso de Sebastián Evelio Mora Cuesta es solo el más visible de una serie de situaciones que han derivado, incluso, en desplazamientos forzados y autocensura al interior de la rama judicial.

Tras el ataque al juez Mora, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali expresó su apoyo y rechazó cualquier manifestación de agresión contra quienes administran justicia. Este pronunciamiento remite a la protección de la independencia judicial, un principio esencial garantizado tanto por la Constitución Política de Colombia como por instrumentos internacionales. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe de 2023 para Colombia, subrayó la urgencia de proteger a los jueces de cualquier forma de presión o amenaza, considerando la importancia de su labor para la vigencia del Estado de Derecho.

No obstante, la efectividad de las medidas de protección adoptadas por la Fiscalía General de la Nación ha sido puesta en entredicho, dado el aumento persistente de hechos violentos e intimidaciones. Los mecanismos existentes parecen insuficientes, especialmente cuando se observa que otros países latinoamericanos — como México y Brasil, según la Asociación Internacional de Jueces (IAJ) — enfrentan dilemas similares que han resultado en una erosión de la legitimidad del sistema judicial.

La situación actual invita a una reflexión amplia sobre las consecuencias de dejar desprotegidos a quienes salvaguardan el acceso ciudadano a la justicia. Voces expertas recogidas por medios como El Espectador y La Silla Vacía advierten que detrás de muchos ataques podría haber tanto actores criminales como intereses políticos o económicos, lo cual pone en entredicho la posibilidad de impartir justicia de forma imparcial e independiente. En estos casos, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han sostenido la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas de protección y fomentar campañas de denuncia social, de modo que los jueces puedan ejercer sus funciones sin miedo ni presiones indebidas.

¿Cómo se puede garantizar la independencia judicial en contextos de violencia?
El reto de proteger la independencia judicial se acentúa en escenarios donde los jueces y otros funcionarios enfrentan amenazas directas o indirectas. En Colombia, la insuficiencia de mecanismos de protección fue señalada en el informe 2023 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó mejorar las garantías y protocolos de seguridad para el sector. Este debate es relevante, pues la capacidad de los jueces de ejercer su función sin coacciones es una condición básica para el equilibrio democrático y el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía.
La relevancia de este tema también reside en el impacto que la percepción de inseguridad y la presión externa puede tener sobre las decisiones judiciales. Si no existen medidas efectivas para resguardar la vida e integridad de jueces, se corre el riesgo de incentivar la autocensura o el desplazamiento, debilitando el acceso de la ciudadanía a una justicia imparcial y efectiva.

¿Qué significa “independencia judicial” en el contexto colombiano?
El concepto de independencia judicial alude a la capacidad que tienen los jueces para actuar y tomar decisiones exclusivamente con base en la ley y los hechos, sin recibir presiones de poderes políticos, económicos o de grupos ilegales. En Colombia, este principio está plasmado en la Constitución Política y ha sido enfatizado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. La independencia judicial es indispensable para asegurar la equidad en los procesos y la protección de derechos fundamentales.
En la práctica, su garantía supone la existencia de mecanismos de protección física y jurídica, así como la no injerencia de otros poderes o actores. La ausencia de estos resguardos puede abrir la puerta a la impunidad y a la vulnerabilidad de todo el sistema de justicia, poniendo en riesgo el Estado de Derecho y la confianza de la sociedad en las instituciones.