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El concejal Julián Forero aseguró que tiene pruebas de que algunos operadores de grúa estarían extorsionando a infractores para no inmovilizar vehículos.
Los conductores en Colombia deben respetar las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito, así como la implementación de multas por parquear sobre el corredor de la séptima de Bogotá.
(Vea también: Multa impagable de más de 200 millones por práctica común de conductores en Colombia)
En este sentido, se han reforzado los operativos de control en distintos puntos urbanos para mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.
No obstante, estos controles han dado lugar a controversias y quejas, principalmente en ciudades como Bogotá, donde las denuncias sobre posibles irregularidades y abusos por parte de algunos operadores de grúas se han hecho virales a través de redes sociales.
En los últimos días, un caso en particular llamó la atención: un conductor denunció haber tenido que entregar 700.000 pesos a un operador de grúa para evitar que su motocicleta fuera inmovilizada y trasladada a patios.
La presunta extorsión se dio a conocer a través de una conversación entre el denunciante y el funcionario, donde se evidencian las coordinaciones para cancelar el procedimiento a cambio del pago.
Estas situaciones fueron expuestas por el concejal de Bogotá, Julián Forero. Según Forero, existen indicios de una red de posible extorsión donde estarían involucrados operadores de grúas.
Con base en el artículo 244 del Código Penal, el concejal anunció que presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que su equipo está recopilando pruebas físicas y registros para respaldar los casos.
El concejal también indicó que existe una falla en la supervisión del contrato con los operadores de grúas, responsabilizando a la Secretaría de Movilidad por la falta de control y vigilancia efectiva sobre estos actores.
Insistió en la necesidad de llevar a cabo una revisión de fondo y poner en marcha investigaciones internas que permitan determinar responsabilidades y evitar que los ciudadanos se sigan viendo afectados por cobros irregulares o prácticas de extorsión.
Cabe recordar que tanto los funcionarios como los conductores que incurran en una conducta de soborno se exponen a multas que pueden ser superiores a 200 millones de pesos y hasta pueden pagar cárcel.
A raíz de estos hechos, Forero instó a la ciudadanía a no guardar silencio. Prometió acompañamiento legal a quienes se atrevan a denunciar, con el objetivo de lograr que las irregularidades sean investigadas y sancionadas lo más pronto posible.
Mientras las investigaciones avanzan, los motociclistas y conductores se ven obligados a asumir más gastos, ya sea por las tarifas legales o por prácticas irregulares que agravan su situación financiera.
Estas denuncias exponen la necesidad urgente de supervisión y control en los procesos de inmovilización y uso de grúas en Colombia. Allí es fundamental que las autoridades tomen medidas, tanto para eliminar posibles redes de corrupción como para proteger los derechos de los conductores.
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