El nuevo rostro de las ventas callejeras en Bogotá: dignidad, seguridad y orden para los vendedores informales
Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
Visitar sitioBogotá impulsa la formalización con nuevos puestos para vendedores informales en 12 localidades clave.
La Alcaldía de Bogotá, en colaboración con el Instituto para la Economía Social (IPES), ha lanzado recientemente un programa ambicioso que pretende transformar y dignificar la labor de los vendedores informales en la ciudad. La iniciativa se materializa en la entrega de 50 mobiliarios semiestacionarios distribuidos en 12 localidades, entre ellas Santa Fe, La Candelaria, Suba y Ciudad Bolívar. Esta acción no solo busca ofrecer espacios de trabajo organizados y seguros para los vendedores, sino que también pretende garantizar una convivencia armónica que respete la movilidad peatonal y el uso equitativo del espacio público, según información oficial suministrada por la Alcaldía de Bogotá.
Este proyecto está integrado dentro del Plan Distrital de Desarrollo conocido como "Bogotá Camina Segura" y responde a la estrategia del alcalde Carlos Fernando Galán de atacar de raíz la informalidad. Según declaraciones del director del IPES, Wilfredo Grajales, el esfuerzo entrega no solo infraestructura, sino “dignidad y nuevas oportunidades” a quienes han dependido históricamente de la economía callejera, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad y precariedad.
El fenómeno de la informalidad laboral afecta aproximadamente al 45% de la fuerza laboral en la capital colombiana, de acuerdo con cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Vendedores ambulantes, en su mayoría, laboran sin acceso a prestaciones sociales, estabilidad o siquiera mínimos de seguridad. Por ello, la propuesta de la Alcaldía aparece como un modelo innovador en la región, ya que fusiona la formalización económica con la recuperación y organización del espacio público. Según El Espectador, esta estrategia permite mantener el dinamismo comercial propio de la urbe, pero con mayor orden y seguridad para todos los ciudadanos.
Los nuevos puestos, diseñados como estructuras metálicas móviles tipo triciclo, posibilitan tanto la visibilidad de los comerciantes como la agilización del tránsito peatonal. Diversos estudios, como el llevado a cabo por la Alcaldía de Bogotá en 2025, subrayan que esta modalidad puede mejorar significativamente la experiencia urbana tanto para los vendedores como para los consumidores, contribuyendo además a la reactivación económica tras el impacto de la pandemia.
Vendedores como Israel Ayala han destacado el impacto positivo de recibir este mobiliario, señalando que la estabilidad, vistocidad y organización derivadas del nuevo puesto mejoran sus condiciones laborales y auguran inclusive mejores ingresos. Según testimonios recogidos por el IPES, la seguridad y la confianza de los clientes también se ven reforzadas, generando expectativas de una mejor calidad de vida para quienes dependen del comercio informal.
Expertos en economía social, entrevistados por la Fundación Friedrich Ebert en 2024, indican que proyectos como el de Bogotá favorecen la cohesión social, al introducir progresivamente a sectores vulnerables en el sistema formal. Estas políticas podrían servir de referente en otras capitales latinoamericanas con desafíos similares, como Lima o Ciudad de México, apuntando hacia una reproducción regional de prácticas exitosas.
El acceso a los nuevos mobiliarios es gratuito y está regido por mecanismos de control como el Registro de Vendedores Informales (RIVI) y la herramienta digital "HeMi", que permiten caracterizar y priorizar a quienes más se benefician de un puesto formalizado. Según el IPES, estas prácticas garantizan que el proceso sea transparente y equitativo, evitando la apropiación indebida de los recursos destinados a la población vulnerable.
A mediano y largo plazo, la sostenibilidad de esta política podría fortalecerse con acciones complementarias, tales como capacitación en gestión empresarial, acceso a microcréditos y promoción del acceso a la seguridad social. En este sentido, el análisis del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) en 2025 señala que Bogotá puede convertirse en un referente regional en la regulación, inclusión y dignificación de la economía popular urbana.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el Instituto para la Economía Social (IPES) y cuál es su función en Bogotá?El Instituto para la Economía Social (IPES) es una entidad distrital encargada de liderar programas y proyectos orientados a la inclusión y formalización de personas que desarrollan actividades informales, especialmente en el ámbito comercial. Su función principal es promover alternativas de empleo y emprendimiento que permitan a los trabajadores informales regularizar su situación y acceder a mejores condiciones laborales. Dentro del contexto del programa de mobiliarios semiestacionarios, el IPES actúa como articulador entre las políticas públicas de inclusión social y las necesidades concretas de los vendedores, asegurando transparencia y equidad en la asignación de recursos.
En Bogotá, el papel del IPES ha adquirido mayor relevancia a medida que la ciudad apuesta por regularizar la economía popular y mitigar problemáticas como la ocupación desmedida del espacio público, la falta de protección social y los bajos ingresos de miles de familias. La labor de este instituto, respaldada por datos y controles oficiales, es clave para avanzar en procesos de transformación urbana y reducción de la desigualdad.
¿Cómo pueden los vendedores informales acceder a beneficios como el mobiliario semiestacionario?El acceso a estos beneficios requiere que los vendedores informales estén inscritos en el Registro de Vendedores Informales (RIVI), instrumento que permite a las autoridades identificar, caracterizar y priorizar a quienes solicitan apoyo estatal. La plataforma "HeMi" complementa este proceso, evaluando la situación socioeconómica de cada solicitante para garantizar una asignación justa.
Estos mecanismos, implementados de manera gratuita y pública, aseguran la transparencia y la focalización de los recursos hacia los sectores más vulnerables. De esta forma, la administración evita la venta o el acaparamiento ilegal del mobiliario y afianza un proceso de inclusión que busca cerrar brechas históricas entre vendedores informales y el resto de la ciudadanía.
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