Debate tenso en el Congreso: cifras confusas y dudas frenan avances del Acuerdo de Paz nueve años después

La sesión extraordinaria de la Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes, que debía servir para evaluar el avance del Acuerdo de Paz con las FARC, concluyó con un ambiente tenso y sin resultados concluyentes. Durante cerca de cinco horas, la comisión escuchó presentaciones de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior. Sin embargo, el representante Cristian Avendaño evidenció su insatisfacción al cierre, argumentando la ausencia de respuestas claras y articuladas por parte de las entidades convocadas. Avendaño criticó especialmente la naturaleza contradictoria de las cifras oficiales sobre la implementación y señaló que varias intervenciones carecieron de profundidad, contribuyendo a la sensación de falta de transparencia y de compromiso con la verificación del cumplimiento del Acuerdo, según los registros de El Espectador.

Esta falta de claridad institucional no es nueva en el seguimiento a los compromisos de paz. De acuerdo con la información oficial citada, si bien se han alcanzado logros relevantes —como la cesión de casi 17.000 hectáreas de tierra a excombatientes y el crecimiento en iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos—, se repite el problema de cifras descoordinadas y plazos incumplidos. Existe una fragmentación evidente entre los reportes de las distintas agencias estatales, como sucede con los datos de inversión que difieren entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación y la Contraloría. Esta dispersión alimenta la desconfianza pública y obstaculiza el seguimiento efectivo del proceso.

El escenario institucional responde a tensiones estructurales profundas que persisten nueve años después de la firma del Acuerdo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el mecanismo establecido para juzgar crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos durante el conflicto, ha impuesto sanciones tanto a la cúpula de las FARC por secuestros como a integrantes de las fuerzas militares involucrados en casos conocidos como “falsos positivos”. La reciente descertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos en materia antidrogas añade presión internacional al proceso, ya que pone en entredicho las estrategias actuales de sustitución de cultivos ilícitos y la lucha contra las economías ilegales, una preocupación que la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad insistió en afrontar mediante una política de ofensiva militar combinada con intervenciones de desarrollo territorial.

El actual gobierno busca reforzar este esfuerzo a través de la llamada política de “Paz Total”, que contempla la reactivación de diálogos con múltiples grupos armados ilegales y exjefes paramilitares, aunque no ha estado exenta de controversias. El comisionado para la Paz, Otty Patiño, subrayó la importancia de respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez como un principio innegociable en cualquier diálogo, reflejando así los desafíos éticos y legales que enfrenta el proceso, especialmente en contextos donde los objetivos de negociación y la protección de los civiles se tornan difíciles de conciliar. Informes de International Crisis Group y evaluaciones recientes subrayan que mientras la acción militar puede contener la violencia, la verdadera consolidación solo será posible fortaleciendo la presencia estatal y las garantías sociales en zonas históricamente vulneradas.

El seguimiento periodístico a estos complejos debates resulta esencial para el escrutinio democrático. Herramientas colaborativas de periodismo de investigación en América Latina, como destacan LatAm Journalism Review y Global Investigative Journalism Network, han permitido un control más riguroso de datos y mayor transparencia. Este enfoque exige protección y gestión ética de las fuentes y la capacidad de confrontar cifras oficiales con información independiente, sin la cual la rendición de cuentas resulta insuficiente. La suspensión de la sesión en la Comisión de Paz y el debate inconcluso reflejan así no solo una problemática administrativa, sino también el desafío más amplio de lograr que la paz y sus beneficios se traduzcan genuinamente sobre el terreno, enfrentando la amenaza de que, como advirtió Avendaño, la paz se convierta en un proceso “no rentable” políticamente si no se superan los actuales obstáculos estructurales.

¿Qué retos enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la investigación de crímenes del conflicto armado? La JEP ha sido clave en sancionar crímenes ligados al conflicto, como el secuestro por parte de las FARC y los “falsos positivos” cometidos por agentes estatales. Sin embargo, enfrenta desafíos sustanciales, como la gran cantidad de casos, la recopilación de pruebas suficientes y la resistencia de algunos actores a reconocer hechos o entregar información verídica. La legitimidad de la JEP y el acceso de las víctimas a verdad y justicia dependen de su capacidad para resolver estos obstáculos, en medio de presiones políticas y expectativas públicas respecto a su actuación.

Además, el objetivo fundamental de la JEP es restaurar los derechos de las víctimas y contribuir al esclarecimiento histórico, pero la falta de articulación entre instituciones y la presión social por resultados rápidos complican su labor. La consolidación de la paz requiere que este tribunal cuente con los recursos y la colaboración necesarios para no solo sancionar, sino también facilitar la reconciliación en un contexto polarizado.

¿Cuáles son las principales dificultades para consolidar la presencia del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto? Muchos de los territorios más golpeados por el conflicto siguen experimentando una presencia limitada del Estado, lo que favorece el surgimiento y permanencia de grupos armados ilegales y economías clandestinas. Las entidades estatales tienen por delante el complicado reto de articular esfuerzos en seguridad, justicia y desarrollo social, enfrentando infraestructuras precarias y contextos de violencia recurrente.

Consolidar esta presencia no solo depende de la acción militar, sino especialmente de llevar salud, educación y oportunidades económicas a las comunidades que históricamente han sido olvidadas. El desafío radica en convertir los compromisos del Acuerdo de Paz en transformaciones tangibles y sostenibles que garanticen el bienestar de la población y reduzcan la posibilidad de nuevos ciclos de violencia.