Ataques en Catatumbo reavivan debate sobre seguridad y cuestionan estrategia militar del gobierno de De la Espriella

Los recientes ataques en Catatumbo, donde tres militares perdieron la vida y seis más resultaron heridos por acciones del Ejército de Liberación Nacional (Eln), han vuelto a intensificar el debate sobre la seguridad nacional. Según El Espectador, los hechos sucedieron la noche del viernes en el Cantón Militar El Trapiche, Ocaña, y en la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen. Este repunte de violencia ocurre en medio de la nueva estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella, que enfrenta la expansión de grupos armados ilegales hacia municipios del sur del Cesar. El propio presidente enfatizó, tras los ataques, su propósito de imponer “la seguridad o la paz con las armas”, delineando así una postura más contundente respecto a su antecesor.

Ante esta coyuntura, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora comunicó la reorganización de la campaña Esparta, que busca bloquear rutas de movilización de armas y hombres, integrando esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, advirtió en declaraciones recogidas por El Espectador que operaciones militares sin considerar su impacto social pueden romper la confianza con las comunidades.

Un aspecto clave de la política del gobierno ha sido la ofensiva contra la cúpula de organizaciones armadas. En su primer mes, esta estrategia logró la muerte de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en una operación en Riohacha, y previamente la de alias “el Ruso”, cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”. Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el control territorial de grupos como las ACSN no depende solo de sus cabecillas, pues estas estructuras han afianzado redes ilegales y sistemas de coerción en Magdalena, Cesar y La Guajira, resistiendo incluso al Clan del Golfo.

La FIP advierte que estas ofensivas pueden fragmentar las organizaciones, pero sin una presencia estatal duradera el peligro de volver a la violencia permanece. Tras el operativo en el que murió ‘Bendito Menor’, Lerber Dimas, investigador del conflicto, prevé un posible reacomodamiento criminal y un riesgo renovado para la población.

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo ha subrayado los límites de la estrategia militar. Iris Marín, defensora del Pueblo, recordó la necesidad de no deshumanizar al adversario ni utilizar la muerte como símbolo de autoridad, mencionando además el riesgo de que la política de “bajas” derive en abusos como las ejecuciones extrajudiciales investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El principal desafío, coinciden las fuentes citadas, es reducir la capacidad de daño y control de los grupos armados, no solo eliminar a sus líderes. La pregunta de fondo es si la actual estrategia puede transformar la realidad en regiones históricamente controladas por actores ilegales, sin sacrificar garantías ni derechos civiles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto de la muerte de “Bendito Menor” en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La muerte de “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), constituyó un golpe significativo para esta organización criminal, pero no implicó una desarticulación de su estructura ni de su capacidad de control territorial. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el poder de las ACSN se basa en años de presencia en regiones como Magdalena, Cesar y La Guajira, y depende de su arquitectura criminal y su dominio sobre economías ilegales. La ausencia de una presencia estatal sostenida tras estos golpes puede facilitar el reacomodamiento de otros mandos y mantener el riesgo de violencia para la población.

¿Qué críticas ha recibido la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella en zonas como Catatumbo?

Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la Fundación Ideas para la Paz, la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido cuestionada por centrar sus esfuerzos en la eliminación de cabecillas, sin garantizar una intervención integral que proteja los derechos civiles y transforme los problemas estructurales. La preocupación principal radica en que estas ofensivas pueden resultar insuficientes si no se acompaña de acción institucional sostenible, aumentando el riesgo de fragmentación criminal, desplazamiento de economías ilegales y nuevas oleadas de violencia en zonas históricamente afectadas.