A la cárcel exmilitar que asesinó a menor en Transmilenio: la condena sería muy larga

Gustavo Adolfo Agámez Lara, exsoldado del batallón de Alta Montaña Número 5 General Urbano Castellanos de Génova, del Ejército Nacional, no aceptó ser responsable de apuñalar en el pecho a un adolescente de 15 años en un bus de Transmilenio porque le pisó un pie.

En el Quindío, el exmilitar prestó sus servicios al Estado en el año 2018 en las filas de esta unidad militar donde permaneció durante un año y medio.

(Le puede interesar: Así huyó el hombre que hirió de muerte a joven en Transmilenio; videos lo delataron)

Por petición de la Fiscalía, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, por ser el presunto responsable del crimen de Juan Esteban Alzate, ocurrido el pasado 8 de octubre en un bus articulado de Transmilenio, en Bogotá.

Un equipo especializado del CTI y de la Sijín asumió la investigación y obtuvo material de prueba para identificar al agresor, quien habría atacado al joven en el pecho con un arma cortopunzante porque lo habría pisado en medio de la multitud.

(Lea también: Acusado de matar a joven en Transmilenio iba a cambiar ‘look’, en audio dice “yo lo hice”)

La víctima fue trasladada al Hospital Santa Clara, en el centro de la ciudad, donde murió por la gravedad de las heridas. Por su parte, Agámez Lara, conocido también como ‘Patacón’, escapó a Medellín y, posteriormente, se trasladó a Montería, Córdoba.

En esta ciudad fue capturado, luego de 5 días de actividades investigativas. Un fiscal imputó al detenido el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y deberá asumir el proceso judicial tras las rejas.

Agámez Lara se expone a una condena de mínimo 41 años en prisión

La Fiscalía también señaló a Agámez Lara como un peligro para la sociedad; este sujeto habría aceptado ser el asesino de Alzate en el bus de servicio público delante de su madre.

En la formulación de imputación de cargos la Fiscalía le manifestó al procesado que se expone a una condena entre los 41 y los 58 años de prisión debido a que la víctima era un menor de edad; la ley prohíbe cualquier tipo de rebaja en la sentencia o beneficio judicial e incluso si llegase a aceptar los cargos.